Fuente: PCM

Lima, 19 de septiembre.- El Poder Ejecutivo señaló en un pronunciamiento público que el Ministerio Público no debe judicializar la política queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos deben participar en las próximas Elecciones Generales 2026.

“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, indica el pronunciamiento.

Subraya que el país ha tenido, en los últimos seis años, seis presidentes de la República, situación que nos ha llevado a una crisis económica, política, social de la que estamos saliendo.

“Somos testigos de que ese no es el camino a seguir. Por el contrario, debemos continuar en la búsqueda de nuestro desarrollo, consolidando la economía y fortaleciendo la confianza del país para obtener mayores y mejores inversiones, siempre dentro del camino democrático”, indica.

Manifiesta que los poderes del Estado y los organismos autónomos, constitucionalmente constituidos, tienen el deber de consolidar la democracia, asegurar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar el normal desarrollo del próximo proceso electoral y generar confianza dentro y fuera de nuestro país.

Destaca que, desde el 7 de diciembre de 2022, luego del golpe de Estado, el Poder Ejecutivo se ha mantenido con firmeza en defensa del Estado de derecho, la institucionalidad, la Constitución y nuestra democracia.

“Por ello, con presencia de las autoridades del sistema electoral, la presidenta de la República convocó a elecciones generales para el próximo 12 de abril de 2026. Elecciones que deben llevarse a cabo en un ambiente de paz, hermandad y patriotismo, en el que todos los peruanos podamos elegir a nuestras próximas autoridades con un voto libre y soberano”, resalta.

Remarcó que este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, pero que continúa en su afán de pretender judicializar la política.

“Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico, tomadas por el Ministerio Público, no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades. Son los ciudadanos quienes, mediante un voto libre en las urnas, decidirán a nuestros próximos representantes”, subraya.