RCR, 07 de agosto de 2025.- Existe una cuestionable doble moral en Piura, y el resto del país, por gran parte de los sectores políticos nacionales y las organizaciones sociales y no gubernamentales, al no pronunciarse y, mucho peor aún, no combatir la lacra que significa la minería ilegal, denunció el catedrático asociado a la Universidad Nacional de Piura, ingeniero Alejandro Vázquez Arrieta.

“Hay una doble moral de algunos sectores políticos, quiénes cuando se trata de la minería formal, se la bajan, pretendiendo decir que no aporta, cuando eso no es así. Pero cuando se trata de la minería informal, de sus impactos ambientales, de su evasión tributaria, pues, la ignoran”, subrayó.

Estimó que la razón de ser de esa postura hipócrita y complaciente hacia la minería ilegal, por parte de esos sectores políticos, estaría basada en función a los potenciales votos electorales que podrían obtener de este sector informal y al margen de la ley.

“Creo que más andan pensando en que son bastantes mineros informales, que son bastantes votos y, entonces, con ellos mejor no chocamos. Hay mucho manejo, siempre los candidatos tienen necesidad de financiamiento, y ahí fácilmente recurren al financiamiento de algunas fuentes de estos mineros informales. Y, finalmente, terminan soslayando el problema de la minería informal”, enfatizó.

En entrevista con RCR, Vázquez Arrieta demandó también firmeza al gobierno en las negociaciones que sigue en la Mesa Técnica con las organizaciones informales de mineros informales e ilegales, especialmente los ligados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), y no ceder ante sus chantajes y medidas de presión a favor de esta actividad ilegal.

“Si el gobierno cede, pues sencillamente seguiremos en la misma situación, y no habrá solución. Es momento de que el gobierno se ponga firme. Si bien hay algunos puntos que se pueden conversar, la CONFEMIN no puede tomar la posición de que si no me hacen caso en todo lo que yo digo, yo sencillamente me retiro. No puede ser así”, puntualizó.

En ese sentido, Vásquez fue claro en manifestar que “lo que ya no se puede hacer es prolongar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), y seguir pateando el problema para más adelante, viendo que ese problema crece y no tiene solución”.

De otro lado, expresó que las condiciones de extrema inseguridad de los trabajadores que se dedican a las actividades de la minería ilegal “es un aspecto que también debe preocuparnos muchísimo, porque se trata de la vida, de la vida de las personas”.

“Específicamente, esa falta de seguridad de su personal, finalmente ellos (los mineros ilegales) lo convierten en soles; y eso es la enorme rentabilidad de la informalidad”, apuntó.