RCR, 01 de octubre 2025.- Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, señaló que el nombramiento del general Óscar Arriola, en reemplazo de Víctor Zanabria, representa “más de lo mismo”, dado que este último ya se desempeñaba como jefe del Estado Mayor durante la gestión saliente y cerca de mil agentes fueron denunciados por delitos graves.
“La PNP enfrenta un grave problema interno con la presencia de casi un millar de efectivos involucrados en delitos graves. De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre del año se registraron 993 policías detenidos por orden judicial, de los cuales 222 lo fueron por violencia contra la mujer, 191 por delitos contra la administración de justicia y 183 por atentados contra la vida y la salud”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Cuestionó que la Inspectoría de la PNP haya perdido su facultad de separar a malos elementos debido a modificaciones legales realizadas en anteriores gestiones del Ministerio del Interior. “Ahora la decisión final recae en un tribunal administrativo compuesto por civiles, que demora o impide las sanciones. Esto pone en riesgo la imagen institucional y la seguridad del país”, sostuvo.
Pérez Rocha recordó episodios polémicos en la trayectoria de Arriola, entre ellos su aparición en fotografías con figuras mediáticas y presuntos vínculos con un caso de encubrimiento a un criminal conocido como “El Monstruo”. En ese sentido, recomendó al nuevo comandante general impulsar una reforma legislativa que devuelva a la PNP la capacidad de depuración inmediata.
“Una cosa es ser mediático y otra tener resultados en la lucha contra la delincuencia, se supone que la Constitución dice que son garantía de las personas el efectuar protestas pacíficas y sin armas, pero indica ahí cuando se utilicen preconcentraciones en plazas públicas, o movimientos por las vías de comunicación, tiene que solicitarse con anticipación a la autoridad, pero se ha perdido esa directiva”, lamentó.
Asimismo, extendió sus críticas al manejo de las protestas en el país, señalando la permisividad con marchas violentas que han ocasionado millonarias pérdidas y ataques contra agentes del orden. Subrayó que, según el Código Penal, obstruir vías públicas puede ser sancionado hasta con 15 años de prisión, pero las autoridades no aplican la norma. “Estamos normalizando actos ilegales en un contexto político frágil”, aseveró.
Finalmente, cuestionó la falta de avances en la captura del líder político prófugo Vladimir Cerrón, pese a reiteradas promesas de las autoridades, incluso existirían indicios de encubrimiento desde altas esferas del poder. “Mientras no se recupere la capacidad de sancionar a policías corruptos y se esclarezca la protección a prófugos, la ciudadanía seguirá perdiendo confianza en la institución policial”, subrayó.
