RCR, 04 de Septiembre 2025.- El abogado penalista, Aarón Aleman, señaló que existe una culpa compartida entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en el caso de Betssy Chávez. Esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara fundado el habeas corpus presentado por la defensa legal de la exministra de Pedro Castillo, con el que se buscó anular los 18 meses de prisión preventiva en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Indicó que el Ministerio Público actuó mal al requerir la prolongación un día antes del vencimiento para luego transferir negligentemente la diligencia al Poder Judicial, el cual prosiguió y declaró fundada dicha prolongación cuando no correspondía, vulnerando así los derechos fundamentales de la exministra.
Aleman precisó que lo mencionado por el Tribunal Constitucional respecto al caso ocurrido debe ser tomado como un “jalón de orejas” para el Ministerio Público y el Poder Judicial, y así evitar que se vuelvan a transgredir los derechos de las personas investigadas.
“Lo que hizo el Poder Judicial, en lugar de proceder conforme a ley, es hacer la audiencia luego de una semana sabiendo o a sabiendas de que ya no era correcto dentro del marco de los derechos fundamentales que le corresponde a una persona privada de libertad en condición de reo preventiva y da fundada esa prolongación de la prisión preventiva por otros 15 meses más”, detalló.
El experto penalista aseguró que para dictar un impedimento de salida del país para Bettsy Chávez, el fiscal a cargo debe presentar fundamentos que sustenten dicho requerimiento, de forma contraria la acusada solo tendría la obligación de acudir a las sesiones de juicio oral.
Asimismo, aclaró que el caso de Betssy Chávez es totalmente diferente al del expresidente Pedro Castillo, señalando que el exmandatario no solo sería investigado con relación al golpe de Estado, sino también por múltiples delitos que se le acusan. No obstante, aseguró que, si la defensa técnica de Castillo considera que su situación es análoga a la de Chávez, según la sentencia del Tribunal Constitucional, podría ejecutar una acción de habeas corpus que busque su libertad.
¿Se puede aumentar la condena de Alejandro Toledo?
Respecto a la solicitud de la Fiscalía de 16 años y 8 meses de condena a Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos, Aleman explicó que, pese a su segunda condena, según la ley en el Perú, el expresidente solo puede recibir una condena máxima de 35 años.
“En realidad, sí hay un límite y nuestro ordenamiento jurídico penal vigente nos indica que el plazo máximo que puede sumar a una persona respecto a delitos o condenas que se puedan generar en su contra es hasta el acto de tiempo de treinta y cinco años de pena”, aclaró.
Por otro lado, el abogado penalista concluyó aseverando que un funcionario público no podría llevar una cartera ministerial estando procesado o con una acusación constitucional, como en el caso del titular de Justicia, Juan Santiváñez, debido a que existiría una incompatibilidad y conflicto de intereses entre el cargo público y los intereses particulares. Esto, eventualmente, podría generar indicios de delitos como patrocinio indebido o tráfico de influencias.
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