Carlos Fernández, jefe del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, advirtió que el penal Sarita Colonia del Callao y varias cárceles del norte del país son bombas de tiempo que pueden convertirse en focos de contagio masivo del COVID-19, debido a que la capacidad que tienen esos centros penitenciarios para albergar a presos se encuentra rebasada en más del doble.

“La  población penitenciaria a nivel nacional es de 97,111 personas internadas en 68 penales y hay una sobrepoblación de 140%. El aforo de los 68 penales es para albergar a 40,137 internos, pero se ha superado en 140% la capacidad de albergue. Esto ha generado la crisis de los servicios en las prisiones. Por ejemplo, la salud estaba dirigida para 40 mil pero ahora se tiene que atender a 97 mil. Lo mismo pasa en la alimentación, tratamiento y seguridad”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Subrayó que “en este panorama de pandemia la situación se agudiza, porque la capacidad de reacción del Inpe en materia de salud no es la más óptima y aquí es importante que el Ministerio de Salud tome la batuta de esta situación y apoye al Inpe”. “El penal del Callao y los penales del norte del país padecen del gran problema del hacinamiento y requieren de atención prioritaria. Hemos recomendado que se declaren en alerta nacional todos los centros penitenciarios”, indicó.

“No todas las prisiones cuentan con un suministro permanente de agua potable, muchos de ellas cuentan con tanques elevados que sirven para preservar el agua y se hace el esfuerzo para tratar el agua para que sea potable, pero tiene que haber dentro del penal un racionamiento debido a la cantidad de personas que tienen que ser abastecidas. Esto no solo perjudica a los presos, sino a los trabajadores penitenciarios”, precisó.

En ese sentido, informó que la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Inpe información detallada sobre el gasto de la asignación extraordinaria de 10 millones que le ha dado el Ejecutivo. “Estos 10 millones son para ser invertidos en salud, alimentación, pero eso no ha pasado con los centros juveniles, porque hasta el momento no se les ha asignado ningún presupuesto”, señaló.

“Hemos recomendado al Inpe la adquisición de equipos de bioseguridad para personal penitenciario como para los presos. También es importante la capacitación en higiene y desinfección. Hemos recomendado también la mejora de la comida. También hemos recomendado que se fortalezca la seguridad. Sobre el trato a los presos, es importante que se garantice el funcionamiento de los teléfonos”, dijo.

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