RCR, 07 de enero 2026.- El candidato a la presidencia de la República por el Partido Morado, Mesías Guevara Amasifuén, señaló que el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia la Contraloría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos de control se encuentran en una red de impunidad, y no basta con reformas superficiales, sino que se requiere una transformación profunda a fin de desarticular los mecanismos que favorecen la corrupción y el crimen organizado.

“La Junta Nacional de Justicia es clave porque es ahí donde se eligen a los jueces y fiscales titulares, incluso son los que tienen la capacidad de ratificar, denunciarlos, separarlos u evaluarlos permanentemente, sin embargo, esta importante institución ha sido tomada por ciertos grupos de intereses que favorecen a la red de corrupción. Pero también, tenemos que hacer que el Tribunal Constitucional recupere su independencia y no sea lo que hoy constituye una Mesa de Partes del Congreso de la República”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

En ese sentido, advirtió que el retorno a la bicameralidad podría duplicar los tiempos de aprobación de las leyes y propuso cambios estructurales, como la creación de una Comisión de Ética externa y la eliminación de la iniciativa de gasto de los congresistas para evitar el desborde fiscal.

“Debió plantearse que la Comisión de Ética sea una instancia externa al Congreso de la República, para evitar todo lo que hoy están teniendo, y que sea una junta elegida aparte para que vigile la vida pública y privada de los congresistas, así como también hay que recortar que no tengan iniciativa de gasto estos señores que actualmente se encuentran amparados”, expresó.

Ante el avance del crimen organizado, que ya no solo controla territorios, sino que también busca influencia política, Guevara sostuvo que los hechos delictivos en Pataz, La Libertad, no es solo un problema de inseguridad ciudadana, sino que califica como crimen organizado y una guerra por el oro en la que intervienen organizaciones transnacionales. Y mientras estas redes criminales tienen estabilidad y continuidad, el Estado carece de una estrategia articulada.

“Lo que ocurre en Patáz no es solamente inseguridad ciudadana, es una guerra por el oro donde incluso estarían interviniendo diversas instancias como organizaciones transnacionales que están organizadas mientras que el Estado con sus instituciones como el caso de la Policía Nacional y la Fiscalía no lo están, por lo que es urgente hacer transformaciones y de inteligencia”, destacó.

Asimismo, propuso priorizar en los primeros 90 días de gobierno la lucha frontal contra el sicariato, mediante inteligencia operativa y criminalística a nivel nacional, y planteó una profunda reforma y reestructuración de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de devolverle prestigio, mejores condiciones laborales y la confianza de la ciudadanía, complementada con cooperación internacional y la creación de una unidad especializada similar a un FBI peruano.

“Nuestra prioridad en un eventual gobierno será atacar el sicariato mediante inteligencia operativa y criminalística en un plazo de 90 días, ya que, a diferencia de la inseguridad ciudadana común del crimen organizado, este último cuenta con operadores políticos y estabilidad, por lo que es necesario organizar las instituciones del Estado bajo un modelo de inteligencia internacional para recuperar el control territorial”, afirmó.

Respecto al ámbito económico, defendió la economía social de mercado con un Estado fuerte y regulador, en ese sentido, propuso fortalecer y transformar los organismos reguladores para evitar abusos en sectores como medicamentos, combustibles, telecomunicaciones y el sistema financiero. Además, planteó impulsar motores de empleo intensivo como la agricultura familiar, el turismo, la pesca, la industria forestal y la economía del conocimiento, apostando por el desarrollo del software y la innovación tecnológica.

“Hay que fomentar, fortalecer, reorganizar y transformar a los órganos reguladores y hay que encender ciertos motores que generen mano intensiva como la agricultura familiar que está abandonada, ya que hay cerca de 2 millones y medio de familias que generan el 5% del producto bruto interno, pero injustamente están abandonadas y tenemos que encenderles el motor en el tema del turismo, que es la locomotora que jala agricultura, ganadería, transporte, hospedaje y restaurantes, la pesca, industria forestal, es decir, todas aquellas actividades que generen uso de mano de obra intensiva para que haya empleo para todos”, enfatizó.

En cuanto a los niveles de informalidad, advirtió que no se derrotará sin servicios públicos eficientes y una transformación digital que facilite la inclusión financiera, principalmente a través de la banca digital. “Esto tiene que entrar con mucha agresividad, hay que decirle a la SBS y al Banco Central de Reserva, que no pongan restricciones la banca digital, porque solo así disminuiremos la informalidad y aumentaremos la presión tributaria”, anotó.

El candidato a la presidencia de la República plantó establecer una ley para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), además de poner fin a la extensión del registro integral de formalización minera (REINFO), y su estrategia incluye fiscalizar las plantas procesadoras que financian la minería ilegal, fortalecer la unidad de inteligencia financiera para rastrear el dinero y asegurar que los proyectos mineros respeten el ordenamiento territorial y la licencia social.

“Consideramos que debemos de impulsar la ley MAPE y ponerle fin al REINFO porque se está tergiversando su uso, y por otro lado también hay que poner el foco a las plantas procesadoras, porque son ellos los que financian a los mineros informales e ilegales, además de ver la ruta del dinero, como llega, como ingresa al sistema financiero y ahí fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Somos conscientes que la minería tiene que quedarse en el Perú, pero tiene que respetarse el ordenamiento territorial, la zona económica y ecológica, el ambiente y la licencia social”, destacó.

Finalmente, manifestó que propone la creación de una agencia especializada de servicios locales encargada de elaborar expedientes técnicos de calidad para evitar la paralización de obras de agua y alcantarillado. Mencionó que el acceso al agua potable es una brecha histórica que debe resolverse para dignificar a la población y mejorar el desarrollo humano en salud y alimentación.

“El acceso al agua dignifica a la persona, y es responsabilidad de los municipios asegurarse de impulsar obras de saneamiento, por lo que propones la creación de una agencia especializada de servicios locales que deberá elaborar expedientes técnicos de calidad, de tal manera que los proyectos no queden paralizados y sean de calidad”, subrayó.