RCR, 06 de octubre de 2025.- El presidente de la Asociación MYPES Unidas del Perú, Daniel Hermoza, informó que, de acuerdo a las cifras preliminares, la paralización de transportistas en Lima y Callao originó una caída en las ventas de alrededor de un 30% o 40%, especialmente en los emporios comerciales donde la afluencia de público es fundamental, como Gamarra y Villa El Salvador.

Agregó que el sector de pequeños emprendedores se encuentra bastante afectado debido a que este tipo de situaciones reducen la capacidad de movimiento económico y comercial.

Por ejemplo, Gamarra, que vende aproximadamente 20 millones de soles diarios, estaría dejando de percibir entre 6 y 8 millones de soles (30% o 40%) solo en el sector de confecciones. Otros sectores como bodegas también ven sus ventas reducidas porque la sensación de inseguridad es muy grande.

Daniel Hermoza, manifestó que, si bien la protesta perjudica al sector empresarial, las MYPES son solidarias y se identifican con el dolor de los transportistas. Consideró que la protesta es una «llamada de atención importante» de un sector que se está viendo victimizado por la criminalidad.

También mencionó la indiferencia e indolencia observada en algunas autoridades que intentan minimizar la protesta. Hermoza comparó la situación con la de los bodegueros y empresarios en general, quienes también son extorsionados diariamente. Sin embargo, destacó que el sector transporte presenta la particularidad de ser visitado por múltiples grupos extorsionadores que quieren cobrar la cuota.

El gobierno no comprende la evolución del crimen organizado

El presidente de la Asociación MYPES Unidas del Perú, Daniel Hermoza, criticó que las autoridades estén enfocando la lucha contra el crimen organizado como una estrategia contra el carterista o el robo de celulares.

Afirmó que la delincuencia ha evolucionado y los extorsionadores ya no están utilizando necesariamente los medios digitales (como Plin, Yape o cuentas de terceros) para recaudar el dinero. Ahora están haciendo cobranzas directas, yendo a los dueños o directivos de las empresas de transporte y, en el sector bodeguero, exigen dinero en efectivo. Este cambio hace que la ruta del dinero sea menos rastreable y los delincuentes sean menos vulnerables.