RCR, 09 de Mayo 2025.- Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sostuvo que debe separarse a la minería formal de la minería ilegal, ya que podría verse impactada económicamente por la paralización de actividades, además de que la seguridad operacional y ambiental de las empresas formales se vería en riesgo.
“Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía hemos apoyado la decisión del Gobierno de ordenar la paralización de las actividades ilegales en Patáz, pero necesitamos reiterar que la minería legal no puede verse impactada por una paralización que debería involucrar solamente a los mineros ilegales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que el impacto económico de la paralización de operaciones legales sería significativo, afectando a más de 4,000 puestos de trabajo y provocando una pérdida mensual de 80 millones de dólares en divisas, canon y regalías. Además, advirtió que la interrupción de actividades podría poner en riesgo la seguridad operacional y ambiental de las minas formales.
“Si la intención que tiene el Gobierno es lograr que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pongan orden en Patáz deben basarse en la información que ya existe respecto a las bocaminas ilegales, mas no se tiene que cerrar las minas formales para poder intervenir las ilegales”, expresó.
Torreblanca enfatizó la importancia de coordinar con actores claves del sector minero para implementar medidas efectivas. Mencionó que, aunque la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía no fue consultada en la planificación de las intervenciones, reafirman su compromiso en colaborar con el Gobierno.
“Seguimos a disposición de sentarnos para poder aportar de manera técnica una solución, y también las empresas están a disposición del Gobierno para poderles brindar los detalles necesarios que requieran para una intervención pacífica y que logre el cometido que se está buscando, porque entendemos que tienen que tomarse medidas drásticas, pero creo debe exceptuarse la paralización de las actividades de las empresas formales”, anotó.
Asimismo, abordó las complejidades de la minería en el país, señalando que es crucial no afectar a las operaciones legales que cumplen con las normativas del Ministerio de Energía y Minas. Además, insistió en la necesidad de un enfoque más proactivo por parte del Gobierno para identificar y erradicar la minería ilegal.
“El país tiene que dar las señales no solamente claras, sino fuertes, de que hay un respeto a la inversión privada en general, independientemente del tamaño, si es de un minero artesanal, un minero pequeño, mediano o grande, pero sobre todo que hay respeto al estado de derecho”, subrayó.
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