Nota de prensa :  Osinfor 

De acuerdo con un estudio, falta visibilizar el papel que cumplen los terceros en el marco de los permisos forestales otorgados a las comunidades.

Un estudio realizado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) en cooperación con el Proyecto USAID Pro-Bosques, encontró que solo en la mitad (50 %) de los permisos forestales otorgados a las comunidades nativas (CCNN) en las regiones amazónicas, se visibiliza que hay un tercero participando de manera formal en el negocio vinculado al aprovechamiento de la madera del respectivo bosque comunal.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados del estudio, se presume que en el resto de los casos existe un tercero (como empresa o regente) que, sin dejar evidencia formal de su participación, financia y desarrolla los planes de manejo del respectivo bosque comunal, amparado en la figura de responsabilidad solidaria determinada en Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley n.° 29763).

El estudio, denominado “Análisis sobre la participación de los terceros en actividades forestales de las CCNN supervisadas por el OSINFOR y su relación con la efectiva responsabilidad solidaria”, se hizo sobre la base de información obtenida en reportes de supervisión de OSINFOR a 623 títulos habilitantes de permisos forestales de comunidades nativas en toda la Amazonía. Dichas supervisiones se realizaron entre los años 2015 y 2019m y se obtuvieron a través del Sistema de Información Gerencial del OSINFOR (SIGOsfc).

Contexto

Un permiso forestal es una autorización otorgada por el Estado que concede a las comunidades nativas el derecho para el aprovechamiento con fines comerciales de los recursos forestales (como madera, productos no maderables y/o servicios ecosistémicos) de los bosques naturales dentro de su territorio.

Pero dado que en la mayoría de casos las comunidades no cuentan con el financiamiento ni el conocimiento de todos los procedimientos que se requieren por la legislación forestal para la obtención de los permisos respecto al manejo adecuado de sus bosques, éstas suelen trasladar la responsabilidad a un tercero, que se asocia con la comunidad y, en la práctica, financia y realiza el aprovechamiento de la madera de los bosques comunales.

Sin embargo, esta situación genera que cuando se detectan infracciones -en el marco de la legislación forestal- las comunidades nativas deban asumir la totalidad de las multas aplicadas por ser las únicas que figuran en los permisos forestales. Incluso, en algunos casos, las comunidades han sido sancionadas con la cancelación o cierre de los permisos forestales.

Propuestas de mejoras

Con la finalidad de socializar los resultados del estudio con las comunidades nativas amazónicas, los principales hallazgos de la investigación fueron presentados en las ciudades de Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali), junto con un conjunto de propuestas para empoderar a las comunidades en la negociación con terceros y revertir el escenario de informalidad y desconocimiento que las perjudica.

Entre las propuestas presentadas se incluye mejorar la norma forestal y su reglamentación, e incluir procedimientos para la aprobación de los permisos forestales y las supervisiones realizadas a los mismos.

También se propone verificar la participación de terceros como una exigencia en la firma de los contratos para otorgar permisos forestales, así como la generación de un registro público de las personas o empresas que participan en el aprovechamiento de los bosques comunales, lo que permitiría transparentar el rol que cumplen los actores privados en este ámbito.

Por último, se podría establecer la responsabilidad directa del tercero frente al Estado, en función a sus obligaciones contractuales verificadas en campo; para evitar, por ejemplo, la elaboración de planes de manejo con árboles inexistentes a fin de contar con volúmenes autorizados que amparan el aprovechamiento ilegal.

Impulsar agenda forestal

La Agenda Forestal de las Comunidades Nativas, que impulsan organizaciones como AIDESEP y CONAP, considera importante evaluar la conformación de una Regencia Forestal Pública gratuita para las comunidades, lo que permitiría que éstas cuenten con asesoramiento técnico adecuado cuando participan en negocios con terceros. Esto, además, permitiría balancear los acuerdos de las alianzas que se establecen entre ambas partes.