Fuente: Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR)

¿Competencia estatal, violando la Constitución?

Autoridades estatales se debaten entre respetar o no respetar la Constitución al ingresar a competir con los privados en lugar de reducir el déficit de infraestructura portuaria, señala ASPPOR.

 El Ejecutivo teme por juicios ante el CIADI por leyes inconstitucionales como en el caso de los Peajes. Sin embargo vulnera flagrantemente el principio constitucional de la subsidiariedad estatal y la no consagración de monopolios legales.

Lima, mayo de 2020.- El Ejecutivo debe informar con transparencia si el proyecto para un Antepuerto de uso Obligatorio, “ Peaje” en el Callao –que impulsan el MTC y el MINCETUR– tendrá un costo para los transportistas, exportadores e importadores, o será gratuito, señaló la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR).

De tener un costo, comentaron fuentes del gremio, “quedará confirmado que el objetivo de un grupo de funcionarios estatales es ingresar por la puerta falsa a la actividad empresarial, con el agravante que será un monopolio legal de uso obligatorio.  Como decimos y reiteramos, un nuevo peaje pero más caro”.

“En realidad – opina Asppor- lo que quieren es estatizar la actividad de servicios logísticos, lo cual es inconstitucional. Para lograrlo, están usando de pretexto el atasco logístico en un puerto que tiene un área 5 veces menor a la necesaria, enclavado entre poblaciones y con tiempos de atención muy complicados. Todos sabemos cómo funciona el puerto y lo que esperamos para ser atendidos, por lo que no nos pueden hacer creer que esto se soluciona con un estacionamiento”.

Transparencia ante los usuarios y la cadena logística

ASPPOR añadió que no hay duda que la posición del MTC y el MINCETUR es promover el Antepuerto del Callao entre los transportistas y otros gremios. Sin embargo, no se les aclara que ahora pagarán por esperar a que el puerto los atienda.

“Demandamos que los Ministros Vásquez y Lozada (además de ser promotores del antepuerto), sean también los primeros en darle transparencia y predictibilidad al proyecto, porque están disponiendo de bienes y dineros de todos los peruanos, para hacer que todos paguemos a un operador de dicho Antepuerto (vía APP), que será de  uso obligatorio:  un monopolio a manera de playa de estacionamiento, para, según ellos disminuir costos y dar competitividad” dijeron en ASPPOR.  

“La falta de transparencia de este proyecto es tal, que primero el MTC dijo que no sabía dónde se ubicaría el terreno para el Antepuerto. Luego, aseguraron que no sería en la Base Naval, y finalmente el Ministro Vásquez del MINCETUR, afirma que sí será en terrenos que cederá la Marina de Guerra. ¿Existirá un convenio firmado entre la Marina y el MTC, sin que nadie sepa sus alcances y contenido? Nos parece falta de transparencia.

Constitucionalidad amenazada

Para ASPPOR, los funcionarios del MINCETUR y MTC, que permanecen por años en estos ministerios, saben que este Antepuerto, no es solución al problema del puerto de Callao.

“No queda claro el rumbo económico que sigue el Ejecutivo, porque las normas consagradas en la Constitución, no pueden ser interpretadas de forma antojadiza por la presión de un grupo o sector económico. Menos aún, de acuerdo a intereses particulares”.

En ese sentido, señaló ASPPOR, “no terminamos de entender el rumbo económico del Gobierno y si respetará o no la Constitución con el modelo económico consagrado en ella.  Por un lado tenemos al propio premier que se opone a la Ley de Peajes y teme denuncias ante el CIADI, y por otro lado sus ministros del MTC y MINCETUR, dictan normas, con el paraguas del COVID 19, para regular contratos entre privados, denuncian a La Haya y además, se alistan a intervenir en la actividad empresarial con su anticonstitucional justificación del proyecto de un Antepuerto en el Callao”. ¿Respetan o no respetan la Constitución?