RCR, 22 de Julio 2026.- Homar Lozano Domínguez, gerente de desarrollo estratégico de CETEMIN y gerente manager de CIEMAN, dijo que algunas ONG ambientalistas guardan un silencio cómplice ante el avance de la minería ilegal y el crimen organizado en el Sinchao, El Tingo y Chugur, en Hualgayoc. Advirtió que este flagelo socioambiental pone en riesgo futuras inversiones formales que traen desarrollo sostenible a las comunidades de Cajamarca.

“Hoy se habla de Conga, que está comenzando a tener actividad ilegal alrededor, y la pregunta siempre es la misma: ¿Dónde está ese activismo que realmente defiende el medio ambiente? En procesos de desarrollo aparecen intereses personales, políticos o los que sean, pero que en el largo plazo no genera ese desarrollo al cual todos aspiramos”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Recalcó que el aumento de la minería ilegal y la criminalidad ponen en riesgo futuras inversiones en la región. “Cuando no salen proyectos mineros formales, no estamos ganando el partido, y cuando crece la minería ilegal, tenemos goles en contra. Esto es porque no permite que las inversiones formales puedan florecer y son inversiones que van a traer beneficios de mediano y largo plazo a la población y a la región”, indicó.

Sostuvo que el Perú tiene una cartera de proyectos mineros por más de 60 mil millones de dólares que no se van a poner en valor por el avance de las economías ilegales. “Tenemos que enfrentar estas actividades ilegales que invaden concesiones y terrenos, porque no beneficia a nadie. Hablamos de que un puesto de trabajo minero formal genera ocho empleos indirectos”, afirmó.

Destacó, por ejemplo, que en Cajamarca la empresa Newmont Yanacocha, en un trabajo articulado con el Gobierno, las autoridades y la población, impulsa el proyecto “Agua para Cajamarca”. “Agua para Cajamarca es un claro ejemplo de ello y así hay otros casos. Existen casi 12 mil millones de soles de inversión en más de 600 proyectos de obras por impuestos en todo el país y donde se involucra al Estado, al gobierno regional, al gobierno distrital, la empresa privada y la población en general”, expresó.

Resaltó que el mecanismo de obras por impuestos viene funcionando positivamente a lo largo y ancho del país. “Y ahí está no sólo la minería, está la banca, la construcción, la energía, están muchos otros sectores económicos articulando con el sector público y con las instituciones locales también. Esa es la forma y la narrativa en la que nos tenemos que involucrar, todos tenemos una corresponsabilidad y hay que apuntar hacia ello”, apuntó.

Señaló que la declaratoria de estado de emergencia en Cajamarca debe definir bien los roles y la asignación de recursos. “Y hacer entender a la población que muchas de las empresas mineras grandes empezaron siendo pequeñas, pero hay que hacerlas en el marco de la formalidad y de la legalidad, y ahí el Gobierno tiene que también impulsar y promocionar que esto se pueda hacer de una manera correcta y buena, de tal forma que realmente genere beneficios para todos”, subrayó.

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