RCR, 16 de abril de 2026.- La minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ecológico para convertirse en el epicentro de la crisis delictiva que azota a la región. Así lo denunció Napoleón Gutiérrez Anticona, representante del Frente de Defensa de la provincia de Hualgayoc, quien alertó que esta actividad ilícita actúa hoy como el principal combustible de la violencia y el crimen organizado.

Para Gutiérrez Anticona, el daño a las fuentes de agua y al suelo es solo la superficie de un problema mucho más profundo. El dirigente sostuvo con firmeza que la minería ilegal favorece directamente el aumento de organizaciones criminales y la trata de personas, redes delictivas que han encontrado en la extracción clandestina un refugio y una fuente de financiamiento que pone en jaque la seguridad de miles de ciudadanos.

«Ya no hablamos solo de dragas o mercurio; hablamos de delincuencia organizada que toma nuestras calles. La minería ilegal es hoy el motor que impulsa la inseguridad en Cajamarca», sentenció el líder social en entrevista a RCR.

Ante este escenario, la reciente declaratoria de estado de emergencia ha generado una mezcla de alivio y escepticismo en la provincia. Si bien Gutiérrez reconoce que la intervención es un paso necesario, advirtió que la población no se conformará con la simple presencia de uniformados.

«El estado de emergencia es una medida importante, pero esperamos resultados concretos», puntualizó. La exigencia del Frente de Defensa es clara: no basta con «enfriar» la zona temporalmente; se requiere desmantelar las estructuras financieras de estas mafias y erradicar los focos de explotación humana que se ocultan tras los campamentos mineros ilegales.

La provincia de Hualgayoc permanece a la expectativa. La demanda es unánime: que el Estado recupere el control territorial antes de que la criminalidad, alimentada por el oro ilegal, se vuelva irreversible en la región.

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