RCR, 19 de Octubre 2022 .- Pierre Marzo, abogado y analista político, dijo que el ministro de Justicia, Felix Chero, tiene que reponer inmediatamente en su cargo de procurador general del Estado a Daniel Soria Luján, en cumplimiento de una orden del Poder Judicial. Advirtió que si el titular del sector no cumple con esa orden judicial, podría ser denunciado por desobediencia a la autoridad y hasta detenido.
“El ministro de Justicia tiene que emitir la resolución que deja sin efecto el nombramiento de la actual persona que ocupa ese cargo, que tiene cuestionamientos, abogado del ‘Lunarejo’, metido en el despojo de una propiedad privada, cosas que tienen que evaluarse y nombrar al procurador Daniel Soria Luján en cumplimiento del mandato judicial, que declaró nula su destitución por no sujetarse a los presupuestos legales de la defensa jurídica del Estado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que, si Chero no cumple la orden judicial, estaríamos ante un caso de desobediencia a la autoridad y otro acto de obstrucción a la justicia, que es el principal problema que padece el presidente de la República y los que lo acompañan en esas acciones. “El delito de desobediencia a la autoridad está en el Código Penal como uno de los delitos contra la administración de Justicia, que es no acatar una orden judicial expresa, concreta y de inmediato cumplimiento, como resulta está resolución que ha sido emitida el día de ayer”, indicó.
Explicó que la denuncia por desobediencia a la autoridad alcanzaría al ministro de Justicia y al presidente de la República. “El presidente de la República tiene inmunidad respecto a cualquier delito. Quien no tiene inmunidad es el ministro de Justicia y tendría que ser denunciado y como es flagrancia podría ser detenido, puede llevarse un proceso inmediato con una sanción inmediata también”, precisó.
Enfatizó que las órdenes judiciales son para cumplirse y es justamente la base del Estado de derecho aquí en China, en Reino Unido y en cualquier parte del mundo. “Lo interesante es que esta es una orden de ejecución inmediata, o sea, ya no es para dilatar más el día de hoy bajo apercibimiento de una denuncia penal o de multa o de destitución”, destacó.
Señaló que la Procuraduría ha sido muy maltratada en este periodo. “Lamentablemente se han dejado de lado lo que eran las acciones de formación, de capacitación, de peritajes, de valoraciones, de emisión de normas técnicas para las procuradurías, se ha dejado de lado la autonomía de los procuradores, se ha castigado a los procuradores que hacían bien su trabajo, se han adulterado documentos dentro de la oficina de control y una serie de situaciones que van a tener que ser corregidas para volver a la legalidad y a la constitucionalidad”, apuntó.
Expresó que el procurador Soria fue destituido por cumplir con la ley. “El reglamento del decreto legislativo 1326 es un decreto supremo 18 2019, que establece que es una obligación legal del procurador general del Estado es denunciar al presidente de la República y a ministros de Estado cuando tiene conocimiento de actos delictivos y además apersonarse en los procesos legales que se abran para pedir la reparación civil y para coadyuvar a la Fiscalía”, observó.
“Entonces cuando se hizo pública la situación de la inclusión del presidente de la República en una presunta acción para favorecer al consorcio que ganó la licitación, para construir el puente Tarata 3 en San Martín, el procurador general hizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Es un tema legalidad al que no podía sustraerse y esa fue la razón”, agregó.
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