RCR, 28 de septiembre 2026.- El ministro del Interior, César Astudillo, no necesita de las facultades legislativas para empezar a combatir la criminalidad, que sigue golpeando al país al cumplirse dos meses del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.
Así lo sostiene el coronel EP (r) Oswaldo Zapata Corrales, analista de Inteligencia y Prospectiva, al evaluar la grave crisis de inseguridad que afecta a la población.
“No se necesita facultades legislativas para comenzar una lucha contra la criminalidad. (…) Tenemos dos meses de inactividad porque sencillamente el Ejecutivo no tiene facultades legislativas, eso no es aceptable. No es realmente una necesidad imperiosa contar con facultades legislativas para comenzar a operativizar una estrategia. Con lo que tenemos sí se pueden hacer muchas cosas. Las cosas se pueden mejorar, por supuesto, y se pueden mejorar ciertos procedimientos de manera de bloquear y neutralizar los índices de criminalidad”, afirmó Zapata en Red de Comunicación Regional (RCR).
Mala organización en la PNP
Zapata cuestionó que el actual Gobierno supedite el inicio de sus acciones contra el crimen a la obtención de facultades del Congreso. “El problema de la criminalidad no es un problema estratégico. Eso es una gran mentira, una falacia, que se habla de la gran estrategia para reducir los niveles de criminalidad. (…) Este es un tema estrictamente operativo, táctico, la criminalidad se combate operativamente”, sostuvo.
El doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica también puso el foco en la distribución del personal policial.
“¿Usted sabe cuántos coroneles hay en la Policía?: por lo menos debe haber 2.000 coroneles, de los cuales por lo menos 1.000 están en tareas administrativas, cuando tranquilamente pudiéramos organizar equipos de búsqueda al mando de investigación y búsqueda al mando de coroneles. Hay 500 policías, por lo menos, asignados para todo el cuerpo legislativo y en otras entidades, o sea, hay una mala organización para el combate a la delincuencia”, manifestó.
INPE no controla las cárceles
Respecto al caso de la organización criminal que operaba desde el Penal de Ancón I, Zapata planteó una modificación del esquema institucional bajo el cual funciona el sistema penitenciario. “El INPE no debe ser una institución que esté bajo el liderazgo del sector Justicia y Derechos Humanos; debería de estar directamente, por ejemplo, para el sector Interior, o en todo caso, también en el sector Defensa, si es que la Fuerza Armada, al menos temporalmente, podría asumir también el control”, sostuvo.
Explicó que su propuesta parte de una mayor concentración de los operadores de seguridad y cuestionó la capacidad efectiva del sistema penitenciario para ejercer control dentro de los establecimientos.
Contrainteligencia policial
En otro momento, Zapata abordó la afirmación del ministro Astudillo sobre la infiltración de organizaciones criminales en las escuelas policiales. “Se necesita un trabajo de contrainteligencia para detectar infiltrados en las fuerzas policiales”, afirmó, al señalar que los procesos de selección y admisión deben aplicar protocolos para identificar y detectar eventuales vínculos con organizaciones criminales.
Zapata sostuvo que las organizaciones criminales pueden desarrollar mecanismos de infiltración para obtener información dentro de las instituciones encargadas de combatirlas. “Las organizaciones criminales son empresas del crimen, que realizan un planeamiento estratégico empírico”, señaló.
Finalmente, consideró que la actual gestión de Keiko Fujimori debe demostrar resultados concretos en seguridad y cuestionó que, hasta el momento, no existe una diferencia sustancial respecto a los gobiernos anteriores. “En estos momentos, el país está observando la gestión de la señora Fujimori y, si comparamos su gestión en seguridad con las de la señora Dina Boluarte, José Jeri y el señor Balcázar, nos damos cuenta de que no hay ninguna diferencia”, aseveró.
