RCR, 10 de Agosto 2022 .- Mario Amoretti Pachas, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, dijo que el Ministerio Publico podría abrir una sexta investigación fiscal por el presunto delito de organización criminal, que incluiría al presidente Pedro Castillo como cabecilla, al ministro Geiner Alvarado y al alcalde de Anguía José Nenil Medina como lugartenientes, a la primera dama Lilia Paredes como coordinadora, así como a Yenifer Paredes y a los empresarios Hugo y Angie Espino como testaferros.

“Indudablemente que sí y sería una sexta carpeta fiscal. Aquí vemos algo inaudito, nunca habíamos visto una situación como esta, en la que están involucrados familiares cercanos al presidente de la República, el mismo presidente de la República, que son sindicados por Karelim López y Zamir Villaverde, que pertenecerían a una organización criminal. Se dijo que quien lideraba la organización criminal era el presidente de la República”, dijo.

Señaló que ya se ha abierto investigación preliminar a las personas que han sido detenidas José Nenil Medina y los hermanos Espino, así como a la prófuga Yenifer Paredes, por el delito de organización criminal, un delito que reviste gravedad. “A ella se le considera como un miembro más de esta organización criminal, jefaturada por Pedro Castillo”, indicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

También dijo que si los ministros han participado en la fuga de Yenifer Paredes podrían ser acusados de encubrimiento. “Para los efectos de evitar la detención, para efectos de propiciar de que Yenifer fugue de Palacio de Gobierno, indudablemente que estaríamos bajo la figura de encubrimiento personal y cuando se trata del delito de organización criminal, en este caso es un agravante para estos empresarios y en estos casos es un agravante para estos funcionarios y la pena es de siete a 10 años”, precisó.

“La realidad es que están involucrados, tanto los empresarios Espino como Yenifer Paredes, en contratos con el alcalde de Anguía, respecto a la construcción de determinadas obras, sobre todo el costo, en el que no se ha observado el trámite correspondiente, en lo que se refiere en las cuestiones técnicas y presupuestales, y sobre en la forma como el Ministerio de Vivienda ha efectuado estas valorizaciones y ampliado 10 veces de lo que debió recibir”, explicó.

Enfatizó que existen indicios razonables de que se han cometido hechos delictivos por la forma, la circunstancia y como se han festinado los trámites administrativos para darle la buena pro en un tiempo récord a las empresas de los hermanos Espino, que han intervenido en obras públicas en Anguía (Cajamarca).

Respecto al alegato del presidente Castillo de que existe un complot en su contra, dijo que quien comete un delito tiene que ser investigado. “No solo se basa en aspirantes a colaboradores, sino que estas informaciones han sido corroboradas, el fiscal pide, pero quien resuelve es el juez. Imputar responsabilidad al Ministerio Público no tiene sustento. Esa imputación de que hay un complot del Congreso y el Ministerio Público y cierto sector de la prensa, y que en base a ello actuó el fiscal, no tiene sustento”, expresó.

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