RCR, 06 de Mayo 2024 .- Susan Rojo, subgerente de control del sector Social y Cultura de la Contraloría General de la República, dijo que se detectó que el Ministerio de Cultura contrató el 2023 los servicios para la venta de boletos electrónicos a 23 espacios culturales afectando la legalidad. Informó que se encontró responsabilidad administrativa en tres funcionarios, precisando que no se descarta que haya otras responsabilidades, como en la ministra Leslie Urteaga.
“Existió una contratación por 21 espacios culturales, pero no contemplaron las comisiones de los operadores. Estos contratos se realizan considerando solo el alquiler de la plataforma y de la pasarela de pago, sin contemplar las comisiones a los operadores. Lo segundo, es la firma de una adenda que no tiene el sustento correspondiente de acuerdo a la normativa vigente”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que fueron 21 espacios culturales contratados inicialmente y luego en una adenda se incluyó a Cusco y Kuelap. En ese sentido, afirmó que lo que correspondía era un proceso de selección que esté regulado en la ley de contrataciones. “Un proceso de selección te permite tener pluralidad de postores y mejores ofertas, porque ahí pueden postular postores incluso internacionales”, indicó.
Explicó que el contrato es por menor cuantía (menos de 8 UIT), pero señaló que la recaudación en el año 2022 de 21 espacios culturales, sin considerar Cusco y Kuelap, pasó los 8 millones de soles. “Ya estamos hablando que esto no es un monto menor a 8 UIT, sino que ya correspondería un proceso de selección. Y, únicamente, en Machu Picchu pasamos los 121 millones”, expresó.
Señaló, además, que se elaboraron términos de referencia, pero sin considerar algunos puntos, por ejemplo, que había espacios culturales que no contaban con internet y fluido eléctrico para poder habilitar esta plataforma.
Informó que se han identificado responsabilidades administrativas en la exdirectora de la oficina general de administración y dos funcionarios de abastecimiento. “Esto es únicamente actos preparatorios, indagación de mercado hasta la suscripción del contrato. En este momento se está ejecutando el servicio y estamos haciendo un control concurrente respecto a la ejecución”, aseveró.
Recalcó que no se descarta que se encuentren otras responsabilidades, como en la ministra Leslie Urteaga. “Tendríamos que evaluar, no descartamos en este momento nada. Siempre lo hacemos con la evidencia suficiente para poder emitir nuestros informes. Se podría decir que hay otro tipo de responsabilidades siempre y cuando nosotros tengamos la evidencia que lo sustente”, apuntó.
“Cuando existen responsabilidades administrativas, nosotros emitimos recomendaciones para que den inicio a un proceso de investigación respecto a estos tres funcionarios y se evalúe cuál es cuál debió ser la actuación correcta y como es una responsabilidad administrativa se pueda iniciar las sanciones que correspondan”, subrayó.
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