Fotografía : Inforegión
RCR, 21 de Julio 2022 .- El Estado siguen sin tomar acciones para erradicar la minería ilegal en Condorcanqui, región Amazonas, lo que obligó a las comunidades indígenas awajún y wampis a intervenir en mayo a los mineros ilegales que vienen operando en sus territorios, informó Patricia Tipian, adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
En el programa Conexión Perú, de Red de Comunicación Regional, han pasado dos meses y hasta el momento se mantiene la ausencia del Estado, lo que origina riesgos a las poblaciones y sus dirigentes, que son objeto de amenazas y ataques que ponen en serio riesgo su integridad y vida.
Tipian dijo que los mineros ilegales intervinieron en uno de los locales comunales de organizaciones indígenas, ocasionando daños materiales y advirtiendo a los comuneros con agresiones.
Por eso, dijo que la Defensoría del Pueblo insta a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Fiscalía tomar acciones e intervenir con urgencia contra la minería ilegal en Condorcanqui, Amazonas.
La representante de la Defensoría del Pueblo dijo que en las acciones de supervisión han detectado la necesidad de un presupuesto, y al respecto los ministerios de Economía, Interior y Defensa se han comprometido a realizar las coordinaciones a fin de transferir las partidas para las acciones de interdicción o destrucción de los equipos de los mineros ilegales.
Agregó que también se requieren acciones efectivas de protección a los defensores ambientales y la población indígena.
Tipián dijo que los mineros ilegales se amparan en el proceso de formalización para evitar las operaciones de interdicción, dificultando las acciones del Estado para contrarrestar la actividad ilícita.
La intervención estatal de interdicción debe estar acompañada de políticas públicas que generen el cierre de las brechas sociales que existen en la zona, ya que los mineros ilegales aprovechan la situación de pobreza de la población para promover su actividad entre los integrantes de las comunidades, que lo ven como un modo de subsistencia.
Patricia Tipián recordó que es obligación del Estado intervenir frente a las actividades ilegales. “No puede dejar a merced de estas organizaciones ilegales a la población”, expresó.
Advirtió que la actividad minera ilegal se incrementa también en zonas de Loreto, Madre de Dios y Puno, por lo que se requiere acciones de las autoridades con logística y presupuesto.
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