RCR, 03 de septiembre de 2025.- La vocera del Observatorio de Minería legal y exfiscal en materia ambiental, Karina Garay, alertó sobre la creación de un corredor minero ilegal que se extiende desde Trujillo, pasando por Amazonas y llegando hasta Cajamarca. Asimismo, indicó que existe una marcada tendencia de la minería ilegal a invadir el norte del país, especialmente las zonas fronterizas, por la falta de regulación, leyes adecuadas y la escasa presencia del Estado.
“Estamos viendo una tendencia de invasión de minería ilegal hacia el norte de nuestro país, sobre todo en zonas fronterizas ante la falta de una regulación, una ley adecuada e intervención del Estado. Esto empieza en Trujillo, pasando por Amazonas y Cajamarca, y son las comunidades indígenas quienes luchan para sacar esta ilegalidad de sus tierras”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la explotación aurífera en zonas de bosques y ríos se ha convertido en un foco de fácil extracción que acelera el avance de la minería ilegal, poniendo en riesgo a comunidades enteras y generando un escenario similar al de Madre de Dios. Mencionó que Cajamarca figura entre los casos más graves, con 36 hectáreas devastadas en la cuenca del río Chinchipe, en la frontera con Ecuador.
“Las regiones no quieren minería ilegal, no quieren un nuevo Madre de Dios, hemos visto que Loreto se ha pronunciado y ahora Cajamarca lo está haciendo, porque cuando se contamina una fuente de agua, no solo se perjudica a la población cercana, sino también a otras comunidades y ciudades que dependen de ese recurso vital”, expresó.
Garay alertó que desde que culminó el operativo Mercurio en 2021, la minería ilegal en Madre de Dios ha crecido en un 500%. “En muchas ocasiones, los mineros invaden incluso zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, que deberían resguardar los ecosistemas, pero que son olvidadas por el Estado”, afirmó.
Sostuvo que el problema también se agrava por el desorden generado en torno al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ya que muchas concesiones fueron otorgadas cerca de ríos y bosques, y aunque la ley prohíbe realizar actividad minera en cuerpos de agua, los inscritos en el Reinfo gozan de un margen de impunidad que fomenta la expansión ilegal.
“La ley dice que por más que tú tengas tu concesión sobre un río, no puedes hacer actividad minera en ese río, pero qué sucede si yo la hago por ser parte de ese Reinfo, por estar inscrito, por tener una concesión, no puedo ser sancionado penalmente. Entonces, ahí viene la impunidad, ahí se genera el desorden, y ahí estamos viendo el incremento de minería ilegal en todas las regiones de nuestro país”, señaló.
Sobre la propuesta de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), advirtió que el proyecto presentado en el Congreso no garantiza la protección ambiental ni la salud de las comunidades. “No estamos en contra de la minería, pero queremos que sea ordenada y con estándares ambientales, laborales y de salud”, puntualizó.
Finalmente, remarcó que, ante la falta de una legislación adecuada, la ampliación del Reinfo podría ser una medida temporal, siempre que se depure a quienes incumplen los requisitos y se apoye a los mineros que apuestan por un “oro verde” con certificación ambiental. Sin embargo, insistió en que el Estado debe actuar con decisión para evitar que la minería ilegal siga avanzando y consolidándose en el país.
