RCR, 25 de septiembre 2025.- La directora de Videnza Instituto, Paola Bustamante, señaló que la minería ilegal debe ser abordada como un delito, por lo que su combate y resolución corresponde al sistema de justicia, que incluye al Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial, los cuales deben trabajar en equipo.
En declaraciones a RCR desde Perumin 37, Bustamante indicó que es fundamental diferenciar esta labor de la Ley MAPE (de la Minería Artesanal y Pequeña Minería), la cual recae bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Bustamante señaló que el gobierno tomó una decisión significativa que debe reconocerse al retirar a más de 50,000 registros del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), los cuales representan 50,000 ubicaciones de minería ilegal. Ante esta situación, se hizo un llamado urgente para que la Policía y la Fiscalía Ambiental tomen acciones directas para avanzar en la identificación, la acción y la denuncia respectiva al Poder Judicial.
Además, solicitó que el Poder Judicial actúe con celeridad, aplicando penas fuertes que sirvan como un mensaje claro de que este delito será combatido en el país.
La exministra indicó que la minería ilegal representa una amenaza permanente, ya que continúa creciendo en el país. Señaló que este problema pone en riesgo las inversiones y las propiedades de empresas mineras, como se ejemplifica con el caso de Cajamarca, donde terrenos en Chugur, Hualgayoc, Sinchao y El Tingo están amenazados. Agregó que existen otros puntos del país que están en la misma situación.
En cuanto al proceso de formalización, indicó que el sector de la Minería Artesanal y Pequeña Minería MAPE), ha solicitado que no se continúe ampliando el Reinfo, una postura que se alinea con el compromiso expreso manifestado por el gobierno. Existe también el pedido de que la Ley MAPE se establezca como el proceso de formalización ordinario, mientras que el proceso extraordinario se gestione por separado, sin unificar ambos.
Bustamante analizó que en la época electoral hay un riesgo de que el tema se politice, lo cual podría favorecer a la minería ilegal. No obstante, se presentó información que sugiere que el capital político de los mineros ilegales podría no ser tan influyente, dado que los personajes políticos no declaran abiertamente su apoyo a la minería ilegal o a quienes están en la informalidad.
