Fuente: La República
Acciones. Atenderán procesos que han sido judicializados. En 2016 hubo 1.671 casos penales en materia ambiental, de los cuales se efectuaron 692 sentencias.
La depredación de los bosques en la Amazonía alcanzó en 2017 un espacio similar a 200 mil campos de fútbol (143 mil 425 hectáreas), según el Proyecto de Monitoreo de Amazonía Andina (MAAP, por su sigla en inglés). Así, tanto la extracción ilegal del oro como las actividades agropecuarias han ocasionado que esta deforestación se sienta, sobre todo, en las comunidades nativas de Ucayali y Madre de Dios.
Precisamente, en esta última región, a partir de marzo, funcionará el primer Juzgado Ambiental del Perú, informó el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien se reunió ayer con la ministra del Ambiente, Elsa Galarza.
El mes pasado, el papa Francisco llegó a Madre de Dios, preocupado por el gran avance de la minería ilegal y la trata de personas que afectan a etnias originarias como el harakbut.
“En el presupuesto de 2018 nos han otorgado una partida para poner en funcionamiento un juzgado especializado en delitos contra el ambiente. Estará en Puerto Maldonado”, anunció Rodríguez, quien agregó que en 2016 el Poder Judicial registró 1.671 procesos penales en material ambiental y se dictaron 692 sentencias.
“Trabajaremos (en Puerto Maldonado) sobre procesos que ya han sido judicializados; es decir, aquellos donde la PNP y la Fiscalía han realizado las investigaciones, solicitado medidas cautelares o se han formulado las acusaciones correspondientes”, afirmó.
Al respecto, la ministra del Ambiente aseveró que su sector ha incorporado a sectores como el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Agricultura, y la fiscalía especializada en materia ambiental en la lucha contra la minería ilegal. “Por eso es importante tener de aliado al Poder Judicial para hacer frente a las amenazas que atentan contra el ambiente”, dijo.
Galarza adelantó que se reunirá con la coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, Flor de María Vega, a fin de ser más efectivos en las acciones contra los actos que vulneran el patrimonio natural.
Hablan los nativos
Sobre estos anuncios, el presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Julio Cusurichi, consideró que son medidas oportunas, sin embargo, precisó que se debe asegurar el aspecto logístico y de personal. De lo contrario, no se lograrán resultados.
“Lo que se debe afinar también es la labor de la Fiscalía y la Policía que hoy es precaria e insuficiente en Madre de Dios. No se logra sustentar de manera adecuada la denuncia penal contra los mineros ilegales y en otras ocasiones hay efectivos policiales involucrados en mafias mineras”, aclaró.
Cusurichi indicó que se deben ejecutar las acciones de interdicción contra la minería ilegal que fueron desactivadas en este gobierno. “Asimismo, deben haber programas para las comunidades nativas”.
Acciones en Chaparrí
Tras una muerte en la reserva natural de Chaparrí, en Lambayeque, Galarza informó que se han adoptado las acciones respectivas desde julio de 2017 y se ha reunido con la comunidad campesina de Santa Catalina de Chongoyape para evitar la expansión del tráfico de tierras.
Rodríguez explicó que en el caso de Chaparrí, la Fiscalía ha presentado acusación solo contra una persona y ha archivado la de otras.
