RCR, 14 de Noviembre 2023 .- Nancy Arellano Suárez, fundadora de la asociación Veneactiva, dijo que Migraciones ahora está a cargo de otorgar permiso por razones humanitarias a extranjeros y a la vez expulsar a los que son un peligro para la seguridad nacional, tras el decreto legislativo aprobado por el Gobierno. Señaló que tendrán que realizar una adecuada evaluación migratoria, para no vulnerar derechos fundamentales.
“Migraciones ahora tiene la facultad de otorgar la calidad humanitaria. Uno de los cambios importantes de esta norma que ha salido es que ya la calidad humanitaria no la otorgaría Cancillería, sino que la otorgaría directamente Migraciones dentro del territorio nacional y migraciones tiene los permisos temporales de permanencia para otorgarlos persona a persona”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que Migraciones tiene el reto de un gran reto de garantizar la seguridad nacional y al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales. “Hay un reto para Migraciones a nivel de los procesos que deben cumplirse para poder garantizar ambos extremos. Por un lado, la seguridad nacional y por otro lado la protección de los derechos fundamentales. Hay una gran responsabilidad sobre los funcionarios de migraciones”, indicó.
Explicó que la calidad humanitaria es para el extranjero que, encontrándose en territorio nacional y sin reunir los requisitos para acceder a la condición de asilado o refugiado, se encuentra en situación de gran vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano; o para quien requiera protección en atención a una grave amenaza o acto de violación o afectación de sus derechos fundamentales.
Remarcó que Migraciones tendrá que ser cuidadosa a la hora de evaluar las solicitudes de visados. “Hay que ver con lupa porque hay algunos que en efecto pertenecen a solicitantes de refugios y habrá otros que a la hora de establecer las sanciones tienen que ser muy cuidadosamente y responsablemente evaluados por estos funcionarios que vayan a aplicar este procedimiento, para no vulnerar derechos fundamentales, donde habría una responsabilidad por parte de la autoridad como de los funcionarios”, apuntó.
“Esto por ejemplo se conjuga con la sentencia del Tribunal Constitucional, que habla justamente de las situaciones a las que pueden estar expuestas personas al retorno a un país, como en el caso de Venezuela, que tiene un expediente abierto ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Se está poniendo también una presión importante sobre los funcionarios de una responsabilidad sobre los funcionarios calificadores”, precisó.
Informó que en el proceso anterior eran casi 300 mil ciudadanos venezolanos que se regularizaron y que pasaron de CPP a Calidad Especial Residente y hay 250 mil que han mantenido su condición de regulares. “A eso hay que sumarle el medio millón de solicitantes de refugio. Y uno de los cambios en la norma que acaba de salir es que Migraciones ahora tiene la responsabilidad de los otorgamientos de la calidad humanitaria dentro del territorio”, apuntó.
“Si nosotros sumamos los 250,000 más los 300,000 más los 214,000, más los 500,000 solicitantes de refugio que están en condición regular, aunque no tenga un carnet de extranjería, porque han sido casos que se quedaron atascados en Cancillería, tienes casi un millón de personas que técnicamente tienen la condición regular”, subrayó.
Ver entrevista …
