Gerente Corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, solicitó a la PCM  y a la Policía Nacional, garantías de seguridad para efectuar  reparaciones  al tramo afectado del oleoducto Norperuano.         

RCR, 25 de junio 2019.-  Mientras Petroperú dispuso el retiro de sus trabajadores de la zona del derrame de petróleo, causado por el corte provocado al oleoducto norperuano, ante las agresiones físicas sufridas por parte de las comunidades nativas aledañas, el subprefecto de la provincia de Datem del Marañón (Loreto), Darwin Macedo, justificó inexplicablemente el proceder violento y anárquico de estos últimos.

La gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú, Beatriz Alva Hart, ratificó que su representada procedió a retirar, el lunes por la tarde, a sus trabajadores de la zona afectada por un atentado contra el ramal norte del oleoducto norperuano, ocurrido el 18 de junio pasado, a fin de salvaguardar su seguridad e integridad.

Agregó que esta medida extrema tuvo que adoptarse luego que autoridades y pobladores de las comunidades de Jerusalén y Nuevo Progreso, del distrito de Manseriche, retuviesen ilegalmente y agredieran físicamente a una comisión de representantes de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la empresa y la Policía Nacional.

“Es muy grave porque solamente estamos hablando que las comunidades, lamentablemente azuzadas por terceros que tienen intereses económicos personales, están impidiendo de manera muy violenta y agresiva que podamos realizar los trabajos de contención del petróleo y extraerlo del aguajal para que no siga discurriendo por la quebrada”, subrayó.

En ese sentido, cuestionó que a la injustificable retención de los trabajadores y personal técnico de la petrolera estatal, los comuneros hayan infligido castigos físicos a dichos servidores, así como también a cuatros efectivos policiales, una acción realmente incalificable y salvaje.

“El tema grave es que los han golpeado. Los han ´changeado´. Para los que no saben, (estos es que) les quitan la ropa, les dan con una ortiga y les genera una urticaria. Y, además, los metieron a un calabozo. Y también había cuatro efectivos de la Policía. Entonces, esto evidencia que la población, mal informada no tiene el respeto mínimo a la autoridad. ¿Si están reteniendo a Policías y maltratando a trabajadores de Petroperú, dónde estamos?”, se preguntó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Alva Hart requirió también a la presidencia del Consejo de Ministros, y a la Policía Nacional, que otorguen prontamente las garantías de seguridad correspondientes a su personal técnico para efectuar las reparaciones pertinentes al tramo afectado del oleoducto norperuano, y evitar que el derrame de petróleo llegue a las márgenes del río Marañón.               

“Lo que estamos pidiendo a la presidencia del Consejo de Ministros, y tengo entendido que está llegando (a Iquitos) una comisión de más alto nivel, es que nos ayuden, junto con el Ministerio del Interior a que existan garantías. Si a nosotros nos garantizan que nuestros trabajadores pueden ir para hacer los trabajos, van a ir. Los trabajadores se han retirado a la estación 5 hasta que nos den garantías para poder trabajar”, anotó.          

De igual modo, Alva Hart exigió a la Fiscalía de la Nación, específicamente a la Fiscalía Provincial de Loreto a procesar los múltiples expedientes acumulados en sus oficinas sobre denuncias de similares contingencias ocurridas como la que ha motivado el retiro de su personal y que “están durmiendo el sueño de los justos”.

“No señores, ya no más. Y es por eso que estamos pidiendo la participación de la PCM y del Ministerio Público. (Porque ante esta inacción) las comunidades sienten que esto es un tema normal, porque no hay ningún investigado, no hay ningún responsable que haya sido juzgado. (Entonces), es ´normal´ retener a la Policía, es normal golpear a los trabajadores, porque nadie está asumiendo la responsabilidad”, enfatizó.    

Asimismo, la funcionaria de Petroperú dijo que, ante esta caótica situación, resulta ya necesario que el gobierno decrete el estado de emergencia de las zonas de los lotes petroleros y de los tramos por donde discurre el oleoducto norperuano.

Ya hay que responsabilizar a los dirigentes nativos por impactos ambientales negativos

Señaló igualmente ante los múltiples incidentes documentados de cortes provocados en el oleoducto norperuano, detectados por los técnicos Petroperu, y que “están causando un impacto ambiental negativo, hay que responsabilizar a los dirigentes de las comunidades”.

“Acá también hay que llamar al ministerio del Ambiente, que tendría que tener aquí una posición, porque acá hay delito ambiental. Acá no se trata de Nuevo Progreso, acá no se trata de Petroperu. Acá se trata de la seguridad ambiental de todos los peruanos. Porque si ese crudo llega al río Marañón, la contaminación será completa”, alertó.

Petroperu señala en comunicado que no contratará a gente responsable de rotura del oleoducto

En un comunicado, Petroperú especificó que las agresiones se produjeron durante una inspección de la comisión multisectorial a las barreras de contención instaladas en la quebrada Saramiriza, las cuales habían sido removidas deliberadamente por personas no autorizadas, provocando que el crudo continúe expandiéndose y pudiese impactar al río Marañón.

Agrega que a pesar de los esfuerzos de la empresa por controlar la situación a través del diálogo, la población continúa impidiendo que se puedan reiniciar las acciones de contención y recuperación del crudo, condicionándolas al cumplimiento de sus exigencias.

Detalla que entre estas demandas se encuentra la contratación de una empresa local y el pago de jornales elevados; lo que –asegura- “contraviene la política de la empresa”.

“Ha habido, y hay, la exigencia de que se les contrate a S/ 150. Que contraten a sus empresas. Pero yo, a través de la radio (RCR), les digo a los señores de Nuevo Progreso: no se les va a contratar, cuando se confirme que el derrame se ha producido por un corte. Y nosotros ya lo hemos confirmado”, remarcó la gerente corporativa de Gestión Social y Comunicaciones de Petroperú.

Prefecto Datem de Marañón justifica agresiones de nativos “por no consultar” movimientos a comunidades

Por su parte, subprefecto de la provincia de Datem del Marañon (Loreto), Darwin Macedo, justificó inexplicablemente el proceder la extrema violencia, con castigos físicos incluidos, de las comunidades de Nuevo Progreso y Nuevo Jerusalén, en perjuicio de los trabajadores de Petroperú e incluso efectivos policiales, con la excusa de no “haber sido consultadas” para la realización de las labores de contención del derrame del crudo.   

“El día 24, el Frente de Defensa de Saramiriza, el subprefecto del distrito de Manseriche, un señor del PCM, José Luis Álvarez, y cuatro policías, fueron a verificar toda la contaminación. Y cuando se enteraron de eso, los pobladores los esperaron y los enviaron a la comunidad de Nuevo Jerusalén, donde el subprefecto y el relacionista comunitario de Petroperú los pusieron al calabozo, por no comunicar que Petroperú había metido a sus trabajadores sin consultar a la comunidad. Eso genera la molestia de los pobladores”, especificó.     

En declaraciones a Radio La Voz de la Selva, la autoridad política calificó incluso de “irresponsable” a la decisión de Petroperú de retirar, por razones de seguridad, a su personal técnico de la zona del oleoducto afectada por un derrame de petróleo debido a un corte provocado de sus tuberías.   

“Es irresponsable, de parte Petroperu, el ver todo este acto que ha pasado, en el oleoducto norperuano, y abandonar de esta manera el derrame. Al romperse la tubería o cualquier cosa que haya sucedido, Petroperu debería estar allí conversando con las comunidades para que puedan hacer el recojo que se ha derramado. Pero en este caso, Petroperú no hizo eso”, adujo.