El vocero alterno de la bancada Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, sostuvo hoy que hay desesperación en Fuerza Popular porque el Ejecutivo no descarta presentar una cuestión de confianza si no se debaten las reformas planteadas al Congreso.
Consideró como inaceptable que, ante la difusión de los audios que comprometen a magistrados y exintregrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presuntos actos ilícitos, la bancada mayoritaria no estime importante el debate de las reformas.
“Si no hay voluntad para hacer la reforma y el referéndum, no queda más que la cuestión de confianza”, apuntó en RPP.
Sostuvo que el presidente Martín Vizcarra sigue manteniendo la opción de convocar a un referéndum para aprobar las reformas políticas y de justiciaplanteadas al Congreso, pero eso dependerá de que se discuta y se vote en el Parlamento.
Insistió, en ese sentido, en que la consulta popular busca evitar la segunda votación de las reformas en el Congreso, pero si este año no hay una convocatoria, está la cuestión de confianza.
Juicio político
El congresista Jorge Meléndez, asimismo, dijo que la mayoría fujimorista está construyendo una especie de incapacidad moral para la vacancia del presidente de la República, como sucedió con el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki.
En su opinión, esto empezó con las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tratando de desacreditar al jefe de Estado, y luego con las denuncias del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a los exministros Bruno Giuffra y Alfredo Thorne.
“El objetivo final es denunciar al presidente Vizcarra y llevarlo a juicio político, y generar un caso de incapacidad moral”, apuntó.
Meléndez, asimismo, refirió que José Cavassa, uno de los detenidos por caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue contratado para la capacitación de sus personeros, a propuesta del personero legal del partido, que debe dar un paso al costado.
Consideró como un error la contratación de una persona vinculada al fraude electoral en el pasado, aunque refirió se trató de una contratación transparente, declarada ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).