Fuente: Diario El Tiempo de Piura 

Más de 5 mil servidores públicos no podrían recibir sus aportes de jubilación, debido a que los Gobiernos locales y regional no tienen presupuestada la reprogramación de la deuda del Estado con las AFP (ReproAFP) hasta el 2016.

La deuda suma 40 millones 429 mil 879,37 soles y afecta a 5.234 trabajadores y extrabajadores. Se acogieron a esta medida 42 entidades: 13 unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Piura que adeudan los aportes a 779 trabajadores, y 29 de los Gobiernos locales que tienen a 4.455 afectados.

Entre las entidades que más adeudan a las AFP y que se acogieron a la Repro están las municipalidades de Talara (con 26 millones 797 mil soles), Bellavista (S/4’253.354), Castilla (S/2’193.987) y Tambogrande (S/1’166.799).

Otras deben menos de un millón de soles. Según el reporte de la Asociación de las AFP (AAFP), el Gobierno Regional ha mantenido el cumplimiento de 100% en lo que va de la Repro hasta la cuota 14, en la 15 el cumplimiento fue 75%. En tanto, los Gobiernos locales cumplieron con la Repro hasta la cuota 8 y luego han pagado poco menos de la tercera parte.

Sobre lo último, la presidenta de la AAFP, Giovanna Prialé Reyes, indicó a El Tiempo que las municipalidades cancelan la deuda social con parte de los recursos recaudados, como arbitrios, alcabala, predial y otros, y no garantizan el cumplimiento de la deuda con los trabajadores.

Según el cronograma de pagos de la Repro-AFP, este año las 42 entidades deberían pagar S/5’061.406,44. Pero solo están presupuestados S/691.674,93 de parte del Gobierno regional; el resto, de las municipalidades no está presupuestado porque lo pagan con recursos propios.

Para la institución, esta caída es preocupante ya que el compromiso de pago de las deudas acogidas hasta el 2016 fue por 120 cuotas; es decir, por 10 años. “Hay un retraso de cuotas vencidas por S/2’025.210,97 que pertenece al Hospital de Apoyo II Sullana, las municipalidades distritales de Bellavista, Bernal, Los Órganos y Talara-Pariñas.

Esta última tiene un monto que supera el millón [de soles]”, explicó Prialé. También reveló que entre el 2016 y 2018, 26 de las 42 entidades que se acogieron a la Repro-AFP volvieron a generar otra deuda que en diciembre último ya superaba los S/1.8 millones. Entre las que más deben están las municipalidades de Talara (con S/620.932), Bellavista (S/571.935) y El Alto (S/382.496).

Afecta las pensiones

Prialé Reyes advirtió que las personas que se encuentran en edad de jubilarse de dichas entidades serían las más afectadas, pues, sus aportes en las Cuentas de Capitalización Individual (CIC) serían menores y su pensión podría ser menor a la estimada.

“Los aportes de más de 5 mil trabajadores no han sido capitalizados y no han recibido ganancias porque las entidades públicas han usado el dinero de los trabajadores de manera ilegal, robado, y lo han utilizado en otras partidas. Es más lo siguen haciendo y, entre el 2016 y hoy, se ha generado otra deuda”, recalcó.

El caso de Talara

El gerente de la Municipalidad de Talara, Eliazar Torres, acepta que tienen una deuda con los trabajadores y tienen retraso en los pagos a la Repro, pero agrega que las deudas fueron contraídas en las gestiones anteriores, las mismas que no cumplieron con el cronograma de pagos.

No obstante, la actual administración se está poniendo al día con todas las deudas. “En la Repro tenemos que pagar cuotas de hasta 200 mil soles al mes pero, al no haberse presupuestado [su pago] para el presente año, tenemos problemas para afrontar dicho déficit”.

Sostuvo que dicha municipalidad cancela más de 1 millón de soles mensualmente solo por deudas (AFP. ONP, EsSalud, pago de CTS y bonificaciones especiales). Informó que para el presupuesto 2020 ya se está considerando una partida presupuestal para el pago de todas las deudas.

Piden sanciones

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores Municipales de Piura (Sutramunp), Rogelio Carrillo, manifestó que la responsabilidad es de los funciones, pues han hecho uso del dinero retenido para el pago de las AFP y lo han invertido en otras partidas o gastos. Cree que, incluso, ha sido usado para la contratación de nuevos servidores municipales.

“Debería actuar de oficio la Contraloría de la República y el Organo de Control Interno para conocer en qué se ha estado usando el dinero de los aportes de los trabajadores; debe haber una sanción para los funcionarios porque ellos saben a qué han destinado los fondos privados, pues los más perjudicados son los trabajadores que están a punto de jubilarse”, recalcó el sindicalista.