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LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN JUDICIAL DEBE IMPULSARSE DESDE EL CESE DE TITULARES DE CORTES SUPERIORES Y DE PRESIDENTES DE JUNTAS DE FISCALES

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Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Manuel Castillo Venegas, manifestó también que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado porque su investidura está empañada

RCR, 17 de agosto 2018.  La lucha contra la corrupción en la administración de justicia tiene que impulsarse a partir del cese de todos los titulares de las cortes superiores de justicia y de la treintena de presidentes de las juntas de fiscales, demandó el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, Manuel Castillo Venegas.

“Y a partir de allí se debe organizar el tema interno de la lucha contra corrupción, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, la declaratoria de emergencia y todos los mecanismos orientados a poner orden (en dichas instituciones), subrayó.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Castillo manifestó también que el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, debe dar un paso al costado, porque su investidura está empañada, “por el bien de la implementación de todas las medidas en la lucha contra de la corrupción”.

“Si de origen el Fiscal de la Nación está cuestionado, toda medida que tome definitivamente va a perder un poico de credibilidad en los temas”, apuntó.

El decano del Colegio de Abogados de Piura, denunció igualmente que hubo tradicionales componendas para la mantención de la corrupción en las sedes fiscal y judicial de Piura y de otras circunscripciones del interior del país, con el asentimiento de las más altas autoridades de estos dos órganos de justicia, en Lima.

“Tanto el Poder Judicial, a través de las Oficinas Descentralizadas de Control Interno (Odecmas) y el Ministerio Publico, a través de sus controles internos, han podido poner rápidamente término a cualquier irregularidad respecto a sus integrantes. Lo que pasa es que no ha habido voluntad de querer organizar. Lo que nos lleva colegir que hubo cierta parcialización”, enfatizó.

En cuanto a las inconductas y delitos perpetrados por los asociados al Colegios de Abogados, como fue el caso reciente de Rodolfo Orellana, Castillo señaló que su representada ha dispuesto que aquel letrado “que transite por temas que atenten contra la ética y las buenas costumbres, sean procesados con las garantías constitucionales respectivas en los Comités de Etica, y si ameritara el caso, a través de las medidas cautelares, suspendidas sus respectivas colegiaturas”.

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