RCR, 30 de Diciembre 2020 .- Edgar Vásquez, director del Centro   de   Investigación   de   Economía   y   Negocios   Globales (Cienadex) y exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), señaló que la nueva ley agraria aprobada por el Congreso va a provocar la quiebra de las medianas y pequeñas empresas agroexportadoras y generar más desempleo. Dijo que la nueva propuesta tiene que ser producto del diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios.

“Muchas de estas propuestas son ideas que suenan bonito, son cantos de sirena. Tenemos que acordarnos que el Perú ha vivido circunstancias similares, en las que las medidas antitécnicas y populistas en el muy corto plazo nos dan la ilusión de que hay alguna mejora, pero que luego generan pérdida de empleos y mayor pobreza”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“La propuesta aprobada en del Congreso no solo no está dejando contentas a las partes, sino que el gobierno está señalando que tiene elementos que son perjudiciales para la economía, es decir los únicos que están creyendo que la propuesta es correcta son los congresistas que están llevándola adelante. No se está escuchando a ninguna de las partes relevantes”, indicó.

Destacó que “la agroindustria y la agroexportación se ha desarrollado de manera espectacular generando al día de hoy 1,2 millones de peruanos dependan laboralmente del sector en Ica, La Libertad, Piura, Lambayeque, entre otras regiones”. “El reto era que esta evolución se traslade a la Sierra. El Perú es una economía de baja competitividad, está en la cola del ranking de competitividad global por diversos factores. Creer que eliminar las exoneraciones nos va a permitir mantener la competitividad ante Colombia, Chile, Ecuador es absurdo. Colombia y Ecuador están modificando su legislación para hacerla parecida a la peruana y nosotros estamos retrocediendo. En estos momentos, todos estamos perdiendo”, advirtió.

Sin capacidad de diálogo

Aseveró que “en el Perú hemos perdido la capacidad de comunicarnos de manera apropiada”. “Está faltando liderazgo desde el gobierno, desde el Congreso y desde el sector empresarial. No encontramos liderazgos claros entre quienes están seguramente con justas reclamaciones. Lamentablemente hay personas que aprovechan estas circunstancias para llevar agua al molino político. Eso no es apropiado para nuestro país”, afirmó.

“Hay desconocimiento de estructura empresarial en el país. La gran mayoría de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Seguro que las grandes empresas van a tener capacidad financiera y van a invertir en tecnología para reducir la dependencia de mano de obra, pero las pequeñas y medianas no pueden hacer eso, y lo que va a pasar con una estructura de salarios que se imponga sin análisis técnico es hacerlas inviables y van a quebrar y los trabajadores van a pasar a la informalidad”, manifestó.

“Por eso es que por ley no se fijan sueldos, por eso es que los sueldos se tienen que fijar en el marco de una negociación entre empleador y empleado. Si el Congreso pretende establecer remuneraciones mínimas por ley, caerá en medidas inconstitucionales y generará falsas expectativas en la población que trabaja en el sector agrario”, agregó.

“Cualquier inversionista al momento de tomar una decisión de colocar su dinero para crear una empresa, evalúa el escenario en el cual va a invertir y va a revisar si la economía peruana le garantiza una estabilidad en las reglas de juego, que la legislación sea estable, que tenga una seguridad para sus inversiones y desarrollar el flujo de negocios que se ha planificado, porque la recuperación es a lo largo del tiempo. En el agro la inversión es riesgosa, porque depende del clima, de los mercados, de la productividad de los trabajadores”, comentó.

Remarcó que “acá tenemos que encontrar el balance entre atender estas preocupaciones legítimas de los trabajadores que han sido afectados por malas empresas, que han estado utilizando services, que pagaban por debajo de los mínimos legales y afectando sus condiciones de trabajo”. “También tenemos que encontrar que la legislación garantice que la agricultura siga haciendo atractiva, que las inversiones sigan desarrollándose, y que sigamos generando empleo en un sector sumamente relevante para la economía nacional”, anotó.

“Ha habido empresas informales que implementaron malas prácticas y han afectado a los trabajadores, y que hay reclamos justos los hay, pero la forma de atenderlos es dialogando. En ese sentido, no resulta conveniente que los reclamos afecten los derechos de los demás, que las protestas las hagan pacíficamente, que no afecten la propiedad pública y privada y la vida de las personas en un escenario de la pandemia del COVID generando brotes de contagios. Hay una manera civilizada de resolver los problemas que no estamos.

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