RCR, 04 de agosto de 2025.- Jorge Spelucín, vocero del expresidente Pedro Castillo, señaló que los responsables del avance de la minería ilegal en Cajamarca han sido el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Energía y Minas, por lo tanto, exigió una salida política y técnica que apueste por la formalización de la pequeña minería.
“La minería ilegal tiene que desaparecer, pero es preocupante la pasividad, el silencio e incapacidad de las autoridades destinadas a abordar este problema. Por ejemplo, en Cajamarca, el gobierno regional, gobierno municipal y el Ministerio de Energía y Minas han demostrado no tener una respuesta política, técnica o ambiental”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que una salida a la problemática de la minería ilegal es política, mediante la incorporación progresiva a la formalización de actividades como la pequeña minería y la minería artesanal; y técnica, a través de la aplicación efectiva de las normas ambientales, laborales y de formalización ya existentes.
“La salida política tiene que ser la incorporación a la formalización, no solamente de la minería informal, sino de todas las actividades económicas del país. Mientras que la salida técnica está en la aplicación de las normas que ya existen, tanto para minería y medio ambiente, pero no podemos hacernos los ciegos frente a una realidad que afecta a millones de peruanos”, expresó.
Spelucín enfatizó que los únicos responsables del problema de la ampliación del Reinfo o la existencia de la minería ilegal recae directamente en un Gobierno que está a espaldas del pueblo y que funciona en piloto automático. Menciono que en zonas como Condebamba, San Marcos, Cajabamba, entre otros, están siendo afectados por este flagelo.
“Cuando se plantea la formalización del proceso de pequeña minería en el Perú, trasladamos toda la responsabilidad al gobierno central y a los gobiernos regionales, en este caso el gobierno regional de Cajamarca, que mira de espaldas a todos los procesos que se han planteado, porque en el Valle de Condebamba, San Marcos y Cajabamba, y otros territorios están siendo afectados por estos procesos”, sostuvo.
Tras la exclusión de 50 mil mineros del Reinfo y el retiro de CONFEMIN de la mesa técnica implementada por el Ejecutivo, remarcó que debe realizarse un mapeo serio que evalúe caso por caso, tomando en cuenta la realidad de los territorios y la voz de los dirigentes, que muchas veces el problema es el enfrentamiento entre la gran minería transnacional, y la pequeña minería nacional.
“El Estado tiene la capacidad de hacer un verdadero mapeo y monitoreo si estas 50 mil familias o pequeños mineros reúnen o no requisitos en realidad, ahí va la diferenciación entre la minería ilegal y la minería informal artesanal. Debemos ir más allá de la norma porque ya sabemos que han sido elaboradas en función a proteger los grandes intereses sobre los que descansan los contratos ley que privatizan los recursos naturales de nuestro país”, anotó.
