Consultor en gobernanza ambiental, Fernando Cuadros, advierte que la banda criminal ecuatoriana, en alianza con mafias peruanas, extrae 81 kilos de oro a la semana a través de una carretera clandestina y con total impunidad en la quebrada Sawintza, en la frontera con Ecuador.

RCR, 05 de septiembre de 2025.- La falta de presencia estatal en la zona de la quebrada Sawintza, en la región fronteriza de la Amazonía peruana con Ecuador, ha permitido que la banda criminal ecuatoriana, Los Choneros consolide su poder sobre la minería ilegal. Fernando Cuadros, consultor en Gobernanza Ambiental, advirtió que este grupo, en asociación con mafias peruanas, extrae semanalmente unos 81 kilos de oro, que luego son llevados a Ecuador.

«La ausencia del Estado en la zona fronteriza ha convertido este territorio en tierra de nadie, donde la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando de armas se desarrollan sin control», señaló Cuadros a través de la Red de Comunicación Regional (RCR). El consultor precisó que unas 28 a 30 retroexcavadoras operan en la zona, extrayendo entre dos y tres kilos de oro por semana cada una.

El crecimiento de esta actividad ilegal fue impulsado por la construcción de una carretera clandestina, un proyecto que tomó cerca de un año en completarse. «Siempre el problema era el acceso, pero ya han realizado una vía clandestina. Su construcción demoró de cinco a seis meses, y fue sin ningún tipo de autorización», explicó Cuadros. Este corredor ilícito facilita no solo el ingreso de maquinaria pesada, sino también el flujo de recursos logísticos para mantener la operación a gran escala.

La explotación del oro ha creado una «gobernanza ilegal» que ha involucrado a líderes locales y a miembros de las propias comunidades, quienes se han visto forzados a aliarse con estas mafias ante la falta de alternativas económicas y el abandono del Estado. «Es muy posible que, producto de todos los eventos que sucedieron tanto en Trujillo, Patáz o Puerto Maldonado, existan personas de esos lugares que se hayan desplazado a esta zona por la impunidad», alertó Cuadros.

A pesar de la magnitud del problema, el Gobierno Regional de Amazonas y el Ministerio de Energía y Minas no han ofrecido una respuesta adecuada. Las acciones de fiscalización han sido esporádicas y, en muchos casos, el proceso de formalización minera (REINFO) ha servido como un escudo legal para amparar operaciones ilícitas. Cuadros añadió que la situación en el Alto Cenepa podría volverse incluso más crítica que la de Madre de Dios o Puerto Inca si el Estado no interviene con urgencia.

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