Fuente: Portal El Montonero
“Zonas liberadas” donde no hay autoridad ni gobierno.
Un comunicado suscrito por el gobernador regional de Loreto (Elisbán Ochoa), distintos alcaldes provinciales y distritales, el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y representantes de los colegios profesionales y de distintas organizaciones sociales de la región Loreto, demanda al presidente Martín Vizcarra aplicar el principio de autoridad en la región Loreto “para frenar las acciones ilícitas de pseudos dirigentes influenciados y alentados por algunas ONG y empresas remediadoras”.
El comunicado describe una realidad innegable: ausencia del Estado en el Marañón. La semana pasada, un grupo de pobladores de la comunidad de Chapis (Loreto) secuestró a 24 funcionarios del Gobierno, luego de frustrarse una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. En los primeros días de diciembre del año pasado, más de 500 indígenas, algunos de ellos portando armas de fuego, secuestraron a trabajadores de la Oficina Descentralizada de Proceso Electoral (ODPE) de Morona, en protesta por los resultados de las elecciones locales del lugar.
Durante esos días, el Oleoducto Norperuano (ONP), en el kilómetro 193, fue saboteado por pobladores de la comunidad de Mayuriaga. Durante más de 19 días los comuneros impidieron que los técnicos de Petroperú ingresaran a la zona del desastre para realizar los trabajos de reparación de la tubería que evitarían que la contaminación del crudo alcance los ríos cercanos. El colmo: de acuerdo a un comunicado de Petroperú, los dirigentes admitieron haber realizado el acto de sabotaje. Otros 60 trabajadores de la Estación 5 del ONP también fueron secuestrados después de que pobladores de Chapis ingresaran violentamente a la estación y cerraran la válvula de abastecimiento de petróleo. ¿Qué hizo el Ejecutivo de Martín Vizcarra para imponer la ley frente a esta ola de violencia y ataques en el Marañón? Nada.
Días atrás, los trabajadores vinculados al sector hidrocarburos del Lote 192 plantearon la necesidad de una declaración de emergencia en las zonas petroleras de Loreto. Denunciaron que la violencia y el desgobierno en las zonas petroleras afecta a más de 2,500 trabajadores directos y 10,000 indirectos en todo Loreto. Señalaron también el constante peligro de que Loreto se quede sin fluido eléctrico por la falta de crudo. Las pérdidas totales de esos días de descontrol sumaron alrededor de 100,000 barriles de petróleo, que representan US$ 5.12 millones. Además, el canon petrolero ha sido afectado seriamente en 2018, con una caída estrepitosa de -42% en diciembre pasado.
Los trabajadores han señalado que la mayor parte de los cortes de la tubería del ONP son actos deliberados: sabotaje ocasionado por ciertos dirigentes y grupos de comuneros con el objetivo de cobrar indemnizaciones por contaminación. Señalan que después del sabotaje y, para agudizar la contaminación y cobrar mayores indemnizaciones, impiden que los trabajadores de Petroperú ingresen a las zonas de los siniestros. Los dirigentes exigen que las empresas remediadoras vinculadas a ellos hagan el trabajo de reparación de tubería y limpieza de la contaminación.
Ya era hora de que las autoridades loretanas reconozcan públicamente una realidad que destruye al Marañón y a toda la selva amazónica. No es un secreto que, en medio de los bosques, los asesores de las federaciones nativas están vinculados a las ONG del ambientalismo ideológico. Se ha denunciado, además, que serían parte de cárteles del narcotráfico, de taladores ilegales, de contrabandistas de madera y de columnas de Sendero Luminoso. El objetivo es desvincular a la Amazonía peruana del Estado peruano. Están intentando crear subestados alrededor de la criminalidad, en parajes donde la Constitución y las leyes no se aplican.
Los sucesos organizados por los radicales asociados a las ONG ambientalistas, en contra de la explotación de recursos naturales, no son atendidos por la prensa tradicional desde mucho tiempo atrás. Mientras en la selva se juega el destino energético del país, la prensa limeña no quiere afectar la popularidad de Vizcarra.
