RCR,22 de Octubre 2020 .- Javier Ísmodes, integrante del colectivo Promajes, sostuvo que la ley recientemente aprobada por el Congreso, que otorga una garantía soberana de 104 millones de dólares para Majes Siguas II, va a significar la postergación indefinida de esa obra, debido a que el Ejecutivo la observaría. Explicó que la iniciativa desacata el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, que establece que el presidente de la República es quien envía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año.
“Ya estamos con los plazos al borde y esta norma va a ser observada por el Ejecutivo cuando llegue allí y nuevamente vamos a estar enfrascados en esta imposibilidad por no querer escuchar. Todos los proyectos de reactivación están postergados, no forman parte de una agenda, el tema de la reactivación del norte está en una situación compleja, el tema de cómo reactivar la economía a través de la inversión pública y el fomento de la inversión privada no son prioritarios”, dijo.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), afirmó que “por enfrascarnos en esta discusión vamos a seguir postergando y alargando la ejecución del proyecto Majes Siguas II”. “Lo más sencillo es buscar un acuerdo consensuado que permitan que ambas instancias puedan gestionar la parte de decisión del proyecto y posibilitar un organismo autónomo y unidad ejecutora a cargo de ambas instancias con la participación de la sociedad civil y el asunto queda resuelto, no generando esta discusión y disputa política por un lado y constitucional por el otro”, destacó.
Subrayó que “los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú establecen con claridad que el presupuesto y el proyecto de presupuesto son enviados al Congreso para su aprobación el mes de agosto de cada año y es el Congreso es el que aprueba ese presupuesto incluyendo el endeudamiento y equilibrio financiero”. “Bajo ninguna circunstancia el Congreso puede aprobar sin previa propuesta del Ejecutivo cualquier consideración relacionada a ampliación de presupuesto, endeudamiento o situación relacionada a equilibrio financiero”, apuntó.
“El gran problema es que nos enfrentamos a una observación de esa norma porque no se está acatando el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, es decir se ha utilizado un camino que no es el adecuado. Es que nunca se iba a perder las prerrogativas por la forma de ejecución del proyecto, como se distribuye la tierra, como se vende el agua, como se estructura el proceso energético, ya están incorporados en el contrato, es decir el concesionario es el encargado de este proceso”, expresó.
Protagonismo político
Ísmodes lamentó esta disputa y protagonismo político del gobernador y sus consejeros que tienen poca capacidad para escuchar, politizan el tema y dicen que las tierras se las van a llevar y las van a vender. “El tema de la venta no es una discusión hoy día, eso está en el contrato. El tema está en la ejecución y en el financiamiento. Lo que me apena es que probablemente estemos en una postergación más del proyecto Majes Siguas que es un disparador absolutamente potente de la reactivación económica del sur del país”, indicó.
Explicó que “existe la necesidad de suscribir a petición del concesionario una adenda, que se llama adenda 13”. “Esta adenda requiere un aval de 104 millones de dólares adicionales, para un cambio tecnológico sustituyendo los canales por tuberías bajo un argumento de mejor presurización, ahorro de agua y eliminación de evaporación en grandes porcentajes”, anotó.
“Ese aval no puede ser otorgado por el gobierno regional y requiere del aval soberano de gobierno central. Sin embargo, en vez de ir por el camino de un acuerdo coherente entre el gobierno regional y el gobierno central, el gobierno regional ha promovido una norma, la expedición de una ley que apruebe el otorgamiento de ese aval por parte del Congreso”, agregó.
Destacó que “el gobierno central tuvo una idea interesante, que es que además de hacerse cargo de ese aval o del financiamiento de 104 millones, ofrecía un tema fundamental para Majes Siguas II que no es parte del contrato, y que es la refacción de la infraestructura hídrica de Majes Siguas I, que sirve también al II y que requiere de una inversión de más de 350 millones de dólares y esa inversión no se ha hecho en los últimos 30 años, esa infraestructura está sumamente deteriorada”.
“Todos somos absolutamente conscientes de la importancia del proyecto Majes Siguas II, no solamente para Arequipa sino para el Perú, sobre todo en este marco de necesidad de reactivación económica. Sin embargo, lo preocupante son los procedimientos que el gobierno regional ha utilizado, que pueden ser perversos si es que se aplica la legalidad”, precisó.
Remarcó que “Majes es un proyecto interesante de habilitación de 38, 500 hectáreas en la región Arequipa, que promueve el desarrollo y la oportunidad de 100,000 empleos y que es una asociación público privada entre el gobierno regional, que ha puesto 270 millones de dólares, y el concesionario que es la empresa Cobra, que pone 300 millones”, dijo.
Remarcó que “solo en Lima se han perdido 1 millón 800 mil empleos en los últimos dos meses, si lo multiplicamos por el doble, cerca de cuatro millones personas están sin empleo hoy día”.
“Hay un estudio del Banco Mundial, que nos indica que por cada punto de caída en el Producto Bruto Interno un promedio de 450 mil personas bajan hacia la línea de pobreza. Más importante que esa discusión absurda, es que la gente tenga empleo, tenga desarrollo económico, porque el Estado está hecho para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, subrayó.
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