RCR, 16 de Junio 2021 .- Jesús Caldas, director de gestión del Instituto de Innovación Agraria (INIA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), señaló que la Ley de Promoción de la Extensión Agropecuaria, aprobada recientemente por el Congreso y a la espera de su promulgación por el Ejecutivo, permitirá que todos los pequeños productores agropecuarios del país tengan acceso a los servicios de capacitación y acceso a tecnología para desarrollar sus actividades agrícolas y de crianza de ganado.

“Esta es una ley muy esperada por los agricultores porque se trata de un rubro de mucha importancia en el tema de la productividad agraria, que es la parte final de la tecnificación del agro. Se está regresando a la política de extensión agraria que existía en los 70 y 80, donde gran parte del presupuesto se iba en extensionistas que visitaban el campo para capacitar en ganadería, agricultura, veterinaria y temas forestales”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que, con la transferencia de las funciones a las regiones, se ha perdido ese servicio de extensión para los agricultores. “Lo que hemos hecho en el INIA hace un par de años es proponer una norma con rango de ley que sirva para que los tres primeros niveles de gobierno, para que el gobierno nacional, os gobiernos locales y regionales, en coordinación con el sector privado y las universidades, puedan trabajar coordinadamente para que puedan brindar servicios de calidad a los productores. Esta propuesta fue tomada por el señor Machaca, presidente de la Comisión Agraria, y que la semana pasada ha sido aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso”, indicó.

“La ley ordena otorgarle prioridad nacional a todas las entidades involucradas para que puedan transferir presupuesto a estas actividades. El segundo es que se ordena un registro de proveedores de extensión agropecuaria a nivel nacional y un registro de usuarios de la extensión a nivel nacional, que va a ser administrado por el Midagri a través del INIA. Lo que se necesita es involucrar a los gobiernos regionales y locales, para programar capacitaciones. Lo que se quiere consensuar en actividades conjuntas para que los recursos sean muchos más efectivos para la población”, explicó.

Remarcó que el presidente de la República tiene 15 días para promulgar esta ley. “A partir de entonces tenemos 90 días para elaborar el reglamento y en el reglamento se van a ver los detalles, los niveles de coordinación, como va a ser la parte operativa, como se va a desarrollar los registros, etcétera”, precisó.

“Según el INEI, con datos recientes, solo el 10.2% de los productores del país reciben servicios de capacitación agraria. Tenemos una brecha del 90% de productores que no han recibido este servicio de extensión. Este asunto es un problema del Estado, que, por sus propias normas de transferencia de funciones, en el proceso de regionalización se transfirieron todos los recursos a las regiones y las regiones no le han dado la prioridad del caso. También hay un bajo nivel de inversión del Estado en extensión”, apuntó.

Enfatizó que el impacto va a ser en beneficio del 90% de agricultores, que no cuenta con este servicio y no tiene acceso a semillas mejoradas, ganado mejorado, no sabe dónde ir para que le enseñen como es el proceso de fertilización, no sabe dónde ir para saber cómo producir abono orgánico, no sabe leer un análisis de suelo. “Entonces, tiene que haber una escuela de campo efectiva y esta ley va a ayudar bastante para llegar a ese nivel de coordinación”, destacó.

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