RCR, 08 de enero de 2026.- Leopoldo Monzón, gerente general de PROESMIN, dijo que la reciente publicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, Ley 32279, es una oportunidad para impulsar la formalización minera y acabar con la ilegalidad. Sin embargo, observó que esta norma no va a funcionar si el Gobierno no realiza un catastro y saneamiento físico legal de todo el territorio a nivel nacional.

“El ordenamiento territorial es una oportunidad para resolver este gran problema que hay, por ejemplo, en Las Lomas (Piura), podemos usar más de 200 lugares del país. En todos los departamentos del Perú hay actividad minera y es más rentable que el narcotráfico, un gramo de oro vale casi 140 dólares y un gramo de coca vale 22 dólares en esos lugares”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Sostuvo que el avance de la minería ilegal se debe a la falta de un adecuado ordenamiento territorial. “Hace que mucha gente se vuelque al desarrollo de esta actividad y como no hay un ordenamiento adecuado muchas veces no respetan. Es un territorio donde el 16% ha sido concesionado, pero la actividad económica minera formal se desarrolla en el 1.5%”, indicó.

“De todo el vasto territorio 16% ha sido concesionado y es donde opera la gran actividad minera, pequeña, mediana, formal, es en el 1.5%. Entonces hay un territorio con vocación, potencialidad minera, que parte de él ha sido ocupado por personas que, aunque no son propietarios de ellos, están actuando ahí”, afirmó.

Explicó que un verdadero ordenamiento territorial eficiente debe identificar qué riquezas naturales tiene una zona (región, departamento, provincia y distrito), dónde se debe hacer determinada actividad económica y cuál es la más rentable posible y que puede traer el mejor beneficio para la población en general.

Manifestó que el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) no ha servido para nada, porque no ha logrado su cometido, que es llegar a la adecuada formalización. “Hay unos cuantos expedientes que no pasan del 2%, que tienen todas las condiciones y que pueden formalizarse rápidamente, pero que tampoco el Estado es lo suficientemente ágil para hacerlo, entonces los tiene todavía trabados”, expresó.

“Son trabas ya burocráticas, que no tienen razón de ser y que deberían formalizarse ya para que sean un ejemplo para el resto y que haya una hoja de ruta de la cual seguir, donde ya hay un ejemplo de que la formalidad puede ser una realidad. Entonces hay que empujar, hay que darle el empuje a estos expedientes, que son pocos, porque es importante hacerlo”, aseveró.

Mencionó, por ejemplo, que el avance de la minería ilegal en Piura se debe a que hay comunidades que tienen miles de miles de hectáreas por ordenar. “Hay una comunidad que me llegaron sus papeles que tenía 35 mil hectáreas, que llegaba de la Costa casi hasta la Sierra, Dios, hay que ordenar eso y hay que delimitar qué infraestructura necesito para desarrollar eso, qué parte va a ser agro y qué parte va a ser minería”, indicó.

Es necesario hacer un censo de los mineros informales

También dijo que es necesario hacer un censo de los mineros informales, para impulsar su formalización. “Si nosotros hacemos un censo adecuado, sabemos en qué área, porque hay que hacerlo georreferenciado, tenemos que saber en qué área se está operando y en qué magnitud. Sabiendo eso, porque hoy día hemos restringido de 80.000 a 30.000 registros de reinfo, eso fue una muy buena cosa que se hizo”, indicó.

“Hemos entrado en diferencias y no tenemos puntos encuentro entre la minería formal y los señores que son dueños de las concesiones en diferentes zonas, entre ellas Pataz, con los señores que tienen un instrumento que, aunque no nos haya gustado en algún momento de la historia un gobierno les dio ese derecho y les generó un mecanismo para formalizar”, afirmó.

Precisó que es necesario explotar de manera racional los recursos. “Esos señores todavía tienen su papelito y tenemos que juntar esos dos extremos porque oportunidades para ambos hay en un territorio donde el 1.5% se explota y queda otros 15% de territorio con vocación que hoy día a estos precios y con la tecnología que existe debería explotarse de manera racional y formalizada partiendo de estas normas”, aseveró.

Ordenamiento Territorial está ligado a un catastro y saneamiento físico legal

El especialista también dijo que la Ley de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial debe estar ligada a la realización de un catastro y saneamiento físico legal de todos los territorios a nivel nacional, para ubicar a los mineros informales y las zonas donde operan.

“Yo voy a poder interceptar eso con un censo de territorios para saber exactamente qué actividad, quién, cuánto sale. Sobre esa data, se contacta al dueño de la concesión, al dueño del terreno de su propiedad y a los que tienen el reinfo y se les plantea un programa para formalizarse y se les hace una cosa muy sencilla con 3-4 pasos con estos en donde intervengan estos actores y el Estado como mediador y comenzamos a sanear”, dijo.

Recalcó que existe un problema de falta de saneamiento físico-legal en el país. “Tenemos un serio problema de saneamiento físico-legal en el país, que quiere decir que las propiedades no están debidamente inscritas, entonces cómo vas a desarrollar, cómo vas a la punta de lanza del país para desarrollar, que después vamos a hablar qué actividades económicas pueden ir sobre qué tipo de suelos, etcétera”, indicó.

“A ver, una de las variables es esto que te hacía mencionar, de la propiedad del suelo, porque en una actividad minera cohabita alguien que es dueño de una concesión minera que ha sido entregada por el Estado sobre un territorio del Estado a una compañía y alguien que es dueño del suelo. Yo creo que es indudable en el mundo entero de que los beneficios tienen que ser para ambos”, afirmó.

Falta de un catastro y saneamiento físico legal frena las inversiones

Monzón resaltó que la falta de un catastro y saneamiento físico legal frena las inversiones que pueden generar desarrollo. “Imagínate a un inversor, que quiere poner una fábrica de motores eléctricos y requiere de 200 mil metros cuadrados. Comienza a buscar suelo y tiene las condiciones, pero no tiene el saneamiento. Va a registros públicos y solo el 2 % de la propiedad está inscrita y termina desanimándose de hacer una cuantiosa inversión en el país que puede generar hasta 10 mil empleos”, precisó.

“Ahora yo te estoy poniendo una variable acá en la Costa, llévalo a la Selva a alguien que quiera hacer un proyecto integral turístico de desarrollo en Pucallpa, vamos a poner como ejemplo, asociado a una actividad económica de siembra para etanol de repente. O sea, por darte ejemplos. Eso pasa por esta primera gran variable que resolver”, añadió.

Agregó que los conflictos en las comunidades se generan a partir de no saber cuáles son los límites de uno y otro y de no tener las capacidades de desarrollarlos. “Cuando hablamos de ordenamiento, desarrollo territorial, el sistema tiene pues que sumar estas componentes, que se han creado, ahora hay que generar. Ahora a mí me preocupan los recursos, porque si está adscrita a la PCM y tiene íntima relación con el CEPLAN, el CEPLAN no tiene recursos para planificar el país”, expresó.

Observó que a algunas regiones se les obligó a hacer su zonificación ecológica y económica, pero todo quedó a nivel de diagnóstico. “Mientras que tú no des el paso del catastro y des el paso del saneamiento físico-legal, todo va a quedar teorizado y solamente vas a poder hacer pequeñas cosas que vas a independizar”, remarcó.

“Si no tienes un sistema de promoción de desarrollo del suelo que traiga desarrollo tecnológico, desarrollo industrial, lo que llamamos las zonas de libre comercio debidamente asociadas a los puertos para salir del país considerando lo que se ha hecho en Shanghái o considerando lo que se quiere hacer en Corío, entonces tienes estas patas de la mesa que un sistema no va a corregir, sino que hay que comenzar a considerarlo”, subrayó.