Lamas Puccio: en el tema de la responsabilidad penal no cabe la negociación

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Abogado penalista dijo a RCR que todavía hay mucho camino por recorrer en las investigaciones a empresas brasileñas por presuntas coimas a funcionarios peruanos.

RCR, 6 de enero 2017.- El abogado penalista Luis Lamas Puccio, explicó que en la realización y la comisión de un acto de carácter penal no hay espacio para “negociar” a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, un arbitraje en que las partes no están de acuerdo y pugnan por encontrar punto de coincidencia.

De esta manera el doctor Lamas Puccio, mostró su disensión con el acuerdo firmado por el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con la empresa Odebrecht, para obtener información y un adelanto de pago.

“En el tema de la responsabilidad penal no cabe la negociación porque el primer paso que tiene que dar la persona que está involucrada en un proceso de esta naturaleza es reconocer responsabilidades penales, y la responsabilidad penal no se negocia”, sostuvo a RCR, Red de Comunicación Regional.

Sobre el tema en general, el magistrado dijo que es muy complejo ya que involucra una serie de segmentos de la administración pública y empresarial que tiene vinculaciones transnacionales, por lo que dificulta muchas veces la posibilidad de obtener información.

En ese sentido, el especialista en temas jurídicos dijo que todavía hay mucho camino por recorrer y que la cooperación internacional ha sido fundamental.

Igualmente, expreso su acuerdo para que en este caso deba prevalecer el sentido de la reserva de la información porque el tema ya se ha politizado, y además porque están involucrados ex presidentes directa o indirectamente.

“Esto ha adquirido un rédito político para los intereses de los que gobiernan y para los intereses políticos de los partidarios que en algún momento aspiran a gobernar el Perú”, señaló.

El Ministerio Público informó que logró un acuerdo con Odebrecht para obtener información y un adelanto de pago por S/ 30 millones de esta empresa brasileña, que habría cometido sobornos en Perú entre el 2005 y 2014, para ganar licitaciones públicas.