RCR, 25 de Setiembre 2025.- Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que la minería ilegal es una gran amenaza para las inversiones mineras en zonas como El Sinchao, El Tingo, Chugur y Hualgayoc, en Cajamarca. Señaló que el Gobierno debe otorgar mayor presupuesto a los organismos claves para agilizar los permisos a las empresas mineras modernas y responsables con el medio ambiente.
“En tres proyectos, Michiquillay, Los Chancas y Jaquira, que tienen inversiones por 7 mil millones de dólares (que permitirían expandir en 18% la producción de cobre actual), encontramos que están invadidos por minería ilegal. Sin duda, es un problema mayúsculo, que no solo está ocupando espacios donde no hay minería formal, sino que está desplazando a concesiones”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR)
Enfatizó que las tres grandes amenazas para la industria minera moderna y responsable con el medio ambiente son la minería ilegal, la conflictividad social y la tramitología. “Cuando hoy discutimos sobre tramitología y conflictividad social como las principales causas de retraso de los créditos mineros, falta hablar también de la minería. Son tres grandes amenazas”, afirmó.
Advirtió que los espacios donde no se permite el trabajo de la minería formal, son ocupados por la minería ilegal. “Estos espacios donde no se permite el desarrollo de minería formal, no es que se quedan vacíos, lo ocupa la minería ilegal. Eso hay que tener en cuenta, ahí donde no se ha dejado de desarrollar proyectos mineros formales, hoy hay minería ilegal, lo están observando en Cajamarca, lo están observando”, indicó.
Señaló que impulsar un proyecto minero formal es cada vez más complejo, porque está vinculado a mayor cantidad de trámites, a mayores niveles de conflictividad y a mayores complejidades técnicas. Observó que cuando se retrasan las inversiones mineras hay menos empleo, menos recaudación y menos personas saliendo de la pobreza.
Precisó que mientras a nivel internacional los plazos para obtener los permisos pueden ir entre 15 años o 16 años en promedio, en el Perú estamos en un promedio de 40 años y en proyectos de cobre 62 años en promedio. Mencionó, por ejemplo, que La Bambas demoró más de un siglo en salir adelante, Cerro Verde 60 años, Antamina 70 años, Quellaveco supera los 80 años.
Remarcó que el Gobierno debería otorgar mayor presupuesto a la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), para agilizar los trámites. Precisó que el presupuesto de estas entidades en el año 2025 no va a superar los 90 millones de soles.
“Incluso al Senace, el próximo año en la propuesta de presupuesto, se le está reduciendo el presupuesto. Como Estado nos hemos organizado mal, porque para sacar adelante una cartera de 64 mil millones de dólares para ser exactos, las tres entidades claves tienen un presupuesto menor a 90 millones de soles”, subrayó.
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