RCR, 19 de Diciembre 2025.– El exfiscal penal, Alfredo Galindo Peralta, indicó que el atentado contra la regidora Elena Rojas en el distrito de Chicama, La Libertad, refleja la expansión de la criminalidad en la región, y que a pesar del estado de emergencia, no existen resultados concretos ni capturas que devuelvan tranquilidad a la población. Agregó que el crimen organizado domina amplias zonas de la región ante la ineficacia del Estado, la corrupción y la impunidad que permiten que los homicidios se vuelvan parte de la rutina ciudadana.
“Esto ya no es novedad en Chicama y en la región porque la criminalidad se ha expandido de tal manera que nadie está seguro. Hace apenas mes y medio también fue asesinado en la misma jurisdicción y que, pese al estado de emergencia, la ineficacia de las autoridades y las estrategias de seguridad implementadas, no han logrado contener estos índices de violencia”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que ni la Policía Nacional ni los planes anunciados han logrado contener la violencia, e incluso a pesar de la entrega de patrulleros, motocicletas y drones, la situación está peor cada día y que los asesinatos se cometen incluso en presencia policial o cerca de bases operativas sin que existan respuestas efectivas.
“La Libertad enfrenta una crisis estructural que involucra corrupción, debilidad institucional y un marco legal que ha terminado favoreciendo al delito. A ello se suma la falta de firmeza del Ministerio Público, porque hay fiscales que evitan asumir turnos críticos, lo que genera impunidad y permite que los crímenes prescriban”, afirmó.
Galindo sostuvo que existe una peligrosa relación entre la criminalidad urbana y actividades ilícitas en la zona altoandina, especialmente ligadas a la minería ilegal en Patáz. Mencionó que desde esas zonas provienen armas, explosivos y dinero ilícito que financian a bandas que operan en Trujillo y otras provincias, incrementando atentados, extorsiones y ataques con dinamita, como el ocurrido contra la sede del Ministerio Público.
“Hay un descontrol total por parte del Estado, la minería ilegal ha crecido y la Policía Nacional con las normas que se han emitido ya no puede controlar, por ejemplo, zonas como Patáz, porque existe el riesgo de que vengan o traigan dinamita, por eso es que aquí en Trujillo los atentados con el uso de dinamita, son traídos de las zonas altoandinas, ha ocasionado muchas desgracias, y son productos de la minería ilegal con dinero ilícito”, informó.
Sostuvo que las autoridades y figuras públicas se han convertido en blancos del crimen, considerando que en los últimos meses han atentado contra un juez, un periodista y autoridades locales, como el primer regidor de Chao y ahora la regidora Elena Rojas, quien además era opositora a la gestión de APP. “Esto agrava la preocupación por la situación democrática y el ejercicio de funciones públicas”, anotó.
Finalmente, cuestionó que la ineficiencia policial no solo no sea sancionada, sino en algunos casos premiada con ascensos, lo que a su juicio refleja la descomposición del sistema de seguridad, pese a algunos esfuerzos aislados de ciertos oficiales y fiscales. “La población se está acostumbrando a convivir con la violencia, mientras la región continúa sumida en una grave crisis que exige respuestas urgentes del Estado”, subrayó.
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