RCR, 16 de septiembre 2026.- La Cámara de Diputados podría enfrentar un mayor rechazo de la población si no colabora con la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.  Así lo advierte el politólogo y analista político Miguel Ángel Ibarra, al señalar que la percepción ciudadana frente a la grave crisis de inseguridad y la necesidad de reformas en el Estado contrasta con el debate que actualmente se desarrolla en el Congreso bicameral.

“Hay un tema controversial porque lo que piensa o vive el Congreso no es lo mismo que siente la ciudadanía. En una reciente encuesta de Ipsos el 70% de la población quiere que el Legislativo apruebe las facultades a la presidenta Keiko Fujimori. Entonces, las decisiones que tome el Congreso no van a ser bien vistas por la población, y este 70% va a crecer. La población va a querer hasta el 80% o 90% que el Legislativo le apruebe las facultades al Ejecutivo y lo más probable es que la imagen del Congreso se siga deteriorando. Y si eso pasa, es inevitable que el argumento social y político para una posible disolución de la Cámara de Diputados es más que suficiente”, afirmó Ibarra en Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista refirió que una muestra del posible deterioro de la imagen del Parlamento es el reciente reportaje sobre el diputado Julián Pérez Malqui, de Juntos por el Perú, que contrató en su despacho a quien sería su pareja. “Mientras más escándalos los congresistas, diputados o senadores puedan alimentar a la prensa, en los medios, en la ciudadanía, lo que va a generar es un desprestigio”, sostuvo.

Diputados recortaría facultades

La Cámara de Diputados tiene hasta el próximo lunes para emitir opinión sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. “La tendencia es que se recorten algunas facultades solicitadas por Ejecutivo y que se apruebe con algunas modificatorias y así suba al Senado”, explicó el politólogo.

De concretarse ese escenario, el texto pasaría al Senado con modificaciones respecto de la propuesta original. Ibarra explicó que el diseño parlamentario establece que el Senado tiene la atribución de definir la aprobación o el archivo de una iniciativa, aunque el reglamento también limita las posibilidades de modificar el contenido que recibe de Diputados. “Si bien en diputados el gobierno no tiene mayoría, en el Senado el tema es distinto. Tiene una relativa mayoría que va a permitirles aprobar la norma”, afirmó.

El apoyo de Belmont

En esa correlación de fuerzas en el Congreso, Ibarra consideró que la bancada de Obras, de Ricardo Belmont, será clave para la votación en el Senado.  “Quien va a inclinar la balanza en el Senado sería el movimiento Obras, que es el más próximo y el que ha anunciado más de una vez que apoyaría las reformas del Ejecutivo”, señaló.

El escenario también presenta una dificultad reglamentaria. El analista sostuvo que el Senado no podría simplemente reincorporar facultades que hayan sido eliminadas durante el trámite en Diputados, lo que podría abrir una controversia sobre el funcionamiento de la segunda cámara y el alcance de su labor revisora.

Las alternativas del Ejecutivo

Frente a un eventual recorte de las facultades solicitadas, Ibarra explicó que el Ejecutivo tiene mecanismos propios para avanzar con algunas medidas y puede buscar acuerdos con las bancadas parlamentarias. “Hay dos alternativas. La de gestión propia a través de decretos de urgencia, poder incorporar las modificatorias que en el ámbito su competencia pueda tener. Y el resto tratar de llevarlo al debate en el Parlamento, es decir, a través del grupo parlamentario y generar sinergia con las bancadas para que esto pueda avanzar. Porque el país tampoco puede parar, indicó.

Señaló que una confrontación prolongada podría extender los plazos para aprobar normas destinadas a enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana y el crimen organizado.  “Una reforma constitucional o una ley que combata la delincuencia no se ha aprobado en 48 horas, en 60 días, sino por lo menos en un año. Entre que pasa por una comisión, se dictamina, se vota en el Pleno de Diputados, sube al Pleno a Senadores, va a la comisión competente de Senadores, se apruebe en esa comisión de Senadores, sube al Pleno de Senadores, se aprueba la norma, va al Ejecutivo, la autógrafa, puede observar al Ejecutivo, vuelve a realizar, ahí tenemos un año”, manifestó.

Para Ibarra, el debate adquiere además una dimensión de prevención ante el Niño Costero 2026, pues consideró que el Estado necesita adoptar medidas con anticipación y evitar respuestas de emergencia que puedan debilitar los mecanismos de control. En paralelo, cuestionó que la Cámara de Diputados evalúe ampliar el Reinfo por varios años más, mientras se discuten las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

También planteó que la delegación de facultades no es un “cheque en blanco”, debido a que el Congreso mantiene mecanismos de fiscalización sobre las normas y su ejecución. “No es un cheque en blanco. El Congreso va a fiscalizar, puede fiscalizar posteriormente la acción de estas normas y su ejecución”, sostuvo.

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