RCR, 10 de agosto de 2026.- La presidenta Keiko Fujimori necesitará fortalecer los equipos técnicos de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Justicia para ejecutar de modo adecuado las facultades legislativas que solicitará al Congreso de la República, sostuvo el analista y experto en gestión pública Vlado Castañeda.
“Con franqueza, yo creo que en estos 5 años el Estado se ha deteriorado un poco en la capacidad técnica. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la presidenta Keiko? Llamar a muchos expertos en diferentes materias, que sí los hay, en todas estas materias hay gente con mucha experiencia, pero no necesariamente están en el Estado. Entonces hay que convocarlos con comités consultivos o convocándolos a los que puedan estar dentro del gobierno para poder hacer esto en estos 120 días”, afirmó Castañeda en el programa Perú2030 de Red de Comunicación Regional (RCR).
Como se sabe, el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo comprende siete grandes materias: seguridad ciudadana y sistema penitenciario; emprendimiento y micro y pequeña empresa; régimen laboral y protección social; simplificación administrativa y calidad regulatoria; desarrollo productivo e innovación; materia tributaria y aduanera; y modernización del Estado.
Equipos para los 120 días
Castañeda planteó que la PCM deberá asumir una función de coordinación para evitar retrasos en la elaboración de los decretos legislativos durante los 120 días que tendría el Ejecutivo para desarrollar las materias autorizadas por el Congreso bicameral.
“Se va a necesitar hacer un grupo de tarea fuerte en PCM para poder ayudar a todos los sectores a desplegar todo esto. Y entre los ministerios claves para toda la delegación de facultades, aparte de PCM, es Ministerio de Justicia, porque son normas las que se van a tener que aplicar. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene que tener un gran grupo de tarea también para dar soporte en todo lo que es la parte de desarrollo normativo y la segunda cosa es el MEF”, señaló Castañeda en base a su trayectoria de más de 20 años en la administración del Estado.
Explicó que la carga de trabajo no se concentrará únicamente en la PCM, debido a que las materias incluidas en el pedido abarcan seguridad ciudadana, MYPES y formalización, temas laborales, simplificación administrativa, desarrollo productivo, innovación, tributación, aduanas y modernización del Estado. Por ello, cada sector deberá contar con especialistas capaces de convertir las facultades en normas aplicables dentro del plazo establecido.
MEF, Justicia y PCM
La coordinación entre los tres sectores centrales será determinante porque las nuevas normas pueden generar efectos presupuestales, económicos y jurídicos. Castañeda consideró que el MEF deberá intervenir no solo en tributación y aduanas, sino también en el análisis financiero de las medidas que se adopten en las demás materias.
“El MEF, el Ministerio de Justicia y la PCM, que si no se articula bien esos tres ministerios, luego esta delegación puede estar andando con varios proyectos ahí indefinidos. Y luego una capacidad técnica en cada uno de los ministerios involucrados en el proceso de desarrollar todos estos campos normativos”, manifestó.
Sostuvo también que el esfuerzo técnico debe extenderse a los ministerios sectoriales involucrados en el proceso, entre ellos Interior, Agricultura, Producción, Comercio Exterior y Turismo y Ambiente. La magnitud de las materias exige una movilización permanente de especialistas para evitar que la velocidad de elaboración de los decretos reduzca su calidad normativa.
Delegación bajo evaluación
Respecto al alcance de las facultades solicitadas por el Ejecutivo, Castañeda consideró que el Congreso de la República debe analizar el conjunto de las siete materias y no únicamente disposiciones como el inciso 2.4, referido a simplificación administrativa y eliminación de barreras burocráticas, o el inciso 2.7, relacionado con la reforma estructural, organización y modernización del Estado.
“Ahora, yo revisando toda la delegación y dadas las condiciones ideológicas y programáticas que tienen las diferentes fuerzas políticas en el Congreso y cómo ha quedado las votaciones tanto en diputados como en el Senado, no creo que le den toda la delegación de facultad”, afirmó.
Consideró que seguridad ciudadana, simplificación administrativa y modernización del Estado son materias que requieren atención, mientras que otros sectores como desarrollo productivo, MYPES, formalización, promoción del empleo y tributación, demandan una evaluación más detallada sobre su alcance y viabilidad.
Reforma del Estado y Salud
Castañeda señaló que la modernización no debe limitarse a modificar estructuras administrativas, pues también requiere fortalecer la meritocracia, los mecanismos de coordinación y las capacidades de los servidores públicos. En ese contexto, destacó el papel que pueden cumplir los gerentes públicos y los sistemas destinados a profesionalizar la administración estatal.
“Creo que, por ejemplo, el sistema, el sector salud necesita no reorganizarlo, necesita reformarse el sistema de salud. Con todo lo que está bien. Entonces, en algunos casos será una reorganización, en otros casos será una inclusive hasta reforma. Si no se hace ahorita, que está iniciando el gobierno, y ojo, también hay que ser conscientes que no le vamos a pedir que el gobierno solucione todo. O sea, no lo va a poder hacer en 5 años, pero sí hay que iniciarlo en algún momento”, sostuvo.
El experto añadió que la delegación de facultades puede convertirse en una oportunidad para iniciar cambios en la administración pública, siempre que el Ejecutivo acompañe las decisiones normativas con equipos especializados y capacidad de implementación.
