JUNTA LIQUIDADORA DE DOE RUN INFORMA QUE NO HAY DINERO PARA PAGAR 108 MILLONES DE DÓLARES DE DEUDA A 2,499 TRABAJADORES

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RCR, 05 de Diciembre 2020 .- Luis Sierralta Piñeiro, representante legal de la empresa liquidadora Altasierra Asesores Consultores (encargada del proceso de liquidación de Doe Run), informó que no hay dinero para pagar la deuda de 108 millones de dólares que se tiene a todos los 2,499 trabajadores. Señaló que un grupo de estos acreedores quiere cobrar a toda costa, por adjudicación directa, sin tener en cuenta al resto de sus compañeros.

“Estamos bajo el marco de la ley general del sistema concursal, que es una ley especial dada para todas las empresas que van a ser quebradas. Ese es el primer punto, por insuficiencia de activos para pagar a todos sus acreedores. En el tema puntual de La Oroya, tiene tres líneas de producción, la de cobre, la de plomo y la de zinc. La de cobre no funciona desde hace 10 años, fue la razón del origen de liquidación y quiebra de la empresa. La de plomo no funciona desde el año 2014, solo queda la de zinc, que funciona a tres cuartas partes de su capacidad”, explicó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

“Tenemos dos tipos de deuda: La deuda con la cual ingresa este procedimiento, que se llama deuda concursal, y la deuda después de esa fecha, que es la posconcursal, que es cuando supuestamente han seguido trabajando y han seguido generando beneficios sociales y remuneraciones no pagadas. Es decir, la empresa no ha funcionado la línea de cobre desde el inicio, pero los trabajadores han seguido cobrando sus remuneraciones. La línea de plomo no funciona desde el 2014 y siguen cobrando sus remuneraciones”, explicó.

Recalcó que “tenemos dos deudas laborales: una que es después del concurso, que son 108 millones de dólares, y la otra que es antes del concurso, que son 50 millones”. “La primera es la deuda posconcursal que es la deuda corriente y la otra es la deuda concursada. Primero se paga la deuda corriente y luego la concursada. La deuda corriente es la AFP, ONP y el fondo de jubilación minera. Luego se pasaría a la concursada. Todo indicaría hoy que no se pagaría la deuda concursada”, indicó.

Insistió en que “este proceso hace que exista una deuda a los trabajadores, de la ONP, de la AFP y del fondo de jubilación minera”. “Esos son los acreedores principales (deuda posconcursal), porque todos los comerciales no van a cobrar, porque no hay con qué pagar. Entonces, nos centramos en los acreedores laborales, de la ONP, de la AFP y del fondo de jubilación minera. Estos tres acreedores más Essalud, son los principales entes que van a cobrar en esta liquidación”, precisó.

Enfatizó que “ahí se ha generado una deuda (posconcursal) desde el inicio del proceso de cerca de 108 millones de dólares para los trabajadores”. “Se ha devengado como si estuvieran trabajando, pero nunca han trabajado, solamente ha estado funcionando una línea que es la de zinc. Bajo ese esquema donde ya tenemos 108 millones de dólares, los que cobrarían en primer lugar, pero después viene el segundo grupo que son los créditos de los trabajadores reconocidos que son como 50 millones”, remarcó.

“En la junta de acreedores, donde asumo como liquidador, se planteó dos objetivos: lo primero, la venta de cobriza, y segundo, la acción en pago a los trabajadores. La venta fue declarada desierta. La adjudicación es a todos los trabajadores. En este proceso concursal cada acreedor es dueño de su dinero, ellos deciden si el pago es en bienes o en efectivo”, detalló.

Un grupo quiere cobrar sin tomar en cuenta al resto

Comentó que “en la liquidación se tienen que convertir en dinero los activos, pero eso no quita que alguien quiera que le paguen en activos y se paga el mismo día que se paga al que quiere que le paguen en efectivo”. “La ley obliga a que se pague el mismo día. De los 2,499 acreedores laborales que son de deuda corriente, tenemos que el 52%, que son 1,305 personas, han pedido adjudicación. Eso quiere decir que el 48% quiere que se le cancele en efectivo”, precisó.

“Pero sucede que a ese 52% quiere que solo a ellos se les pague con adjudicación directa y que al otro 48% que no cobre porque no hay dinero. Nosotros hemos pedido la adjudicación y a los que no han podido que mala suerte pues no van a cobrar, pero la ley no es así. Para cancelar se tiene que hacer el cierre financiero. Se necesita 7 millones de dólares, que es el IGV, y 16 millones de dólares, que es el impuesto a la renta de 5° categoría. Los mineros ganan altas remuneraciones donde se tiene que aplicar la retención del impuesto a la renta”, anotó.

Observó que “ese cierre financiero no se ha dado porque no hay dinero para hacer esos pagos. Esos pagos son obligatorios”. “Estamos a la espera que ellos realicen el cierre financiero como anteriormente o han estado viendo para hacer con algunos socios estratégicos. Esa es la situación, no se ha hecho el cierre financiero y ellos quieren adjudicarse el complejo de La Oroya, pero no están viendo el resto de las personas que no cobraría, porque ellos han decidido que no cobren. El grupo de dirigentes que están manejando el voto de todos los trabajadores, ellos solo quieren con su grupo cobrar y el resto no les importa”, apuntó.

“Si se baja el precio igual hay que pagar la retención del impuesto a la renta de 5° categoría. Ellos han debido hacer gestión con la Cgtp, han debido ir al ministro de Economía, han debido ir a la Sunat y al Congreso, para ver que los exoneren del IGV, que no les hagan la retención de la 5° categoría y también una norma para que no hagan aportaciones a las AFP y la ONP tampoco les exija ese importe. Todo eso es gestión, pero estos señores no han hecho gestión, porque el problema viene desde hace cuatro años”, puntualizó.

“La mejor opción que han visto ahora es solamente los que nos vamos adjudicar entréguennos y al resto les pagamos, pero eso no es así. El empleador es el responsable de cancelar. Si la empresa decide pagar a un grupo, hay que tener el dinero para cancelar a los demás en efectivo. Hay una junta de acreedores para iniciar al proceso de liquidación para cesar a los trabajadores que ya no trabajan desde hace 10 o 12 años, pero han seguido cobrando y por eso es que se debe como 108 millones de dólares”, subrayó.

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