RCR, 20 de noviembre 2025.- El exministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, señaló que detrás de la propuesta de dejar sin efecto la exclusión de mineros y ampliar el REINFO existen intereses de orden político y económico, que favorecerían a organizaciones que operan desde a la ilegalidad, con el objetivo de ampliar su poder territorial, económico y capacidad de incidencia política.
“La impresión que nos da es que habría intereses de orden político y económico, ya que las organizaciones que se desarrollan desde la ilegalidad, buscan aumentar su poder, su control territorial y su capacidad de incidir políticamente, y lo hacen porque al ser ilegales no pagan impuestos, no respetan los derechos laborales, no registran movimientos económicos, lo cual es incompatible con un Estado de Derecho y la democracia”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR)
Enfatizó que, si bien existe un sector de la pequeña minería y minería artesanal genuinamente interesado en avanzar hacia la formalidad, aún enfrentan dificultades para asumir los costos y responsabilidades que esta demanda. Por ello, planteó la creación de un fondo minero y una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que fomente la formalización sin desarticular el régimen de concesiones ni los incentivos que permitan el desarrollo de grandes proyectos mineros.
“Hay una tendencia natural en no salir del área de confort, pero una democracia y una economía en crecimiento, entonces si se requiere de una disciplina de la formalidad, de tributación correcta, de registros y de declaraciones ciertas, es importante impulsar un fondo minero y una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que sea promocional con incentivos claros, pero que no desarticule lo que está funcionando para la minería peruana”, afirmó.
Asimismo, advirtió que las decisiones que evalúa el Congreso podrían desembocar en un terrible error al desmontar todo lo avanzado durante la última etapa del proceso de formalización. Recordó que, en los últimos meses, se depuraron registros y se ampliaron plazos únicamente para aquellos 31.560 operadores que demostraron voluntad real de formalizarse.
“Se iniciaron conversaciones con casi 197 titulares de concesiones y que más del 85% manifestó disposición a firmar contratos de explotación, lo que evidencia un proceso técnico en marcha que no debería ser revertido. Algunos necesitan contratos de explotación, otros necesitan mejorar e impulsar los instrumentos de gestión ambiental, permisos para poder operar en la superficie que pertenece a un tercero, y otros simplemente necesitan registros de transformación del mineral, no de explotación de mineral”, anotó.
Montero sostuvo que, los equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas conocen perfectamente esta tipología y las rutas necesarias para continuar con sus procesos, lo que vuelve incomprensible el silencio del sector frente al debate actual. Recordó que durante su gestión existió un proceso de diálogo activo con los gremios mineros, en el cual se discutieron 15 puntos y se alcanzaron consensos en 11 de ellos.
“Sin embargo, ni la anterior ni la actual Comisión de Energía y Minas del Congreso impulsaron la nueva ley para la pequeña minería, enfocándose más bien en ampliar el Reinfo y en reincorporar a más de 50.000 registros cuyo proceso culminó el 30 de junio, pese a ello no es posible ni técnico ni legal”, indicó.
En otra línea, respaldó las declaraciones más recientes del presidente José Jerí, quien en Trujillo afirmó que no es posible revertir el avance logrado ni abrir la puerta nuevamente a registros que durante más de cuatro años no declararon producción, considerando que es evidente que muchos de estos registros fueron usados de manera indebida, como documentos llenos de privilegios que permitían operar sin controles, transportar combustibles y explosivos sin restricciones y eludir responsabilidad penal por delitos ambientales.
“Hay que buscar una solución para aquellos que están en formalización, así realmente tengan la oportunidad de este paréntesis de casi mes y medio donde no se ha hecho nada, puedan continuar con su proceso y dejando de lado aquellos que durante más de cuatro años nunca hicieron nada, no registraron producción y nadie sabe qué estarían haciendo. Por lo tanto, está muy bien lo que ha hecho el presidente Jerí en el sentido de que hay que acá poner las cosas claras”, destacó.
Manifestó que existen tres riesgos centrales si el REINFO continúa prorrogándose: un grave impacto en la seguridad ciudadana, al seguir alimentando financieramente a redes criminales; un daño ambiental profundo, pues el Reinfo otorga exclusiones de responsabilidad por delitos ecológicos; y una seria afectación a la gobernabilidad, al fortalecer economías ilegales que erosionan la autoridad del Estado.
“Por ello es necesario que los congresistas tomen una decisión histórica que priorice la paz, la seguridad y la formalización genuina, separando de una vez por todas a quienes desean trabajar dentro de la ley de quienes operan en la ilegalidad. No podemos seguir dándole vida a una institución fallida llamada REINFO que bombea recursos a las actividades ilegales e ilícitas”, puntualizó.
