RCR, 04 de agosto de 2026.- El Estado peruano mantiene una severa falencia al comunicar de manera adecuada los beneficios de la minería formal en las regiones del país, una omisión que impacta directamente en zonas con alto potencial económico como Cajamarca. Así lo advirtió el analista político Iván Arenas, quien enfatizó que explicar con claridad a la población el impacto real de los megaproyectos paralizados marcaría una diferencia determinante en la lucha contra la vulnerabilidad económica regional.

Al evaluar el panorama cajamarquino, Arenas sostuvo que la región mantiene atrapadas importantes oportunidades de inversión que podrían transformar su estructura social y productiva.

“Si el Gobierno hubiese comunicado mejor a Cajamarca, en el llano, que tiene 16 mil millones de dólares encerrados en proyectos mineros que podrían desarrollarse, podría reducir su pobreza y generar una clase media que es importante en una región que es absolutamente pobre”, afirmó el especialista a Red de Comunicación Regional (RCR).

En ese sentido, el analista remarcó la necesidad de que el Estado establezca una pedagogía clara frente a la ciudadanía para diferenciar el modelo de desarrollo de la minería formal —caracterizado por altos estándares sociales, ambientales y laborales capaces de dinamizar la economía local— del impacto destructivo de las actividades ilícitas.

No obstante, cuestionó la falta de articulación territorial de la gestión actual para trasladar este mensaje al ciudadano de a pie: “El Gobierno necesita hacer una diferencia clara y una comparación honesta, pero no lo ha hecho porque necesita operadores políticos”, señaló.

Esta advertencia cobra una vigencia crítica en un escenario nacional donde la minería ilegal e informal sin fiscalización se ha consolidado como una de las amenazas más complejas para la seguridad, la economía y el medio ambiente en el Perú.

Actualmente, estas actividades al margen de la ley movilizan miles de millones de dólares anuales sin tributar al fisco, privando al Estado de recursos presupuestales indispensables para financiar obras públicas, establecimientos de salud y colegios en las zonas más vulnerables.

A las pérdidas económicas se suma una profunda crisis ambiental y social provocada por la contaminación con mercurio en las cuencas hidrográficas, la deforestación descontrolada y la expansión de delitos conexos como la trata de personas, la extorsión y el crimen organizado.

Esta situación se ve agravada por la falta de firmeza institucional y las constantes ampliaciones de mecanismos transitorios como el REINFO, los cuales han terminado por precarizar el trabajo y dificultar la distinción entre el pequeño minero formalizable y las mafias criminales que toman concesiones y áreas protegidas.

En este marco, la advertencia del especialista cobra especial urgencia: sin un Estado presente que comunique eficazmente, promueva la inversión privada formal y combata con firmeza la ilegalidad, regiones clave como Cajamarca continuarán perpetuando sus altos niveles de pobreza mientras pierden progresivamente el control sobre sus recursos naturales.