Comunicado
La Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato constitucional de protección de derechos y supervisión de la buena marcha de la administración pública, señala lo siguiente:
1. En un contexto de lucha contra la corrupción, todas las instituciones del Estado deben dirigir sus esfuerzos a preservar el correcto funcionamiento de la administración pública y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Quienes ejercen la función pública deben velar por el interés general, y la vigencia del Estado social y democrático de derecho. Ello implica garantizar la gobernabilidad del país a partir de una voluntad política firme, manifestada en el respeto de principios fundamentales, como son el equilibrio y control entre poderes e instituciones constitucionalmente autónomas.
2. En esa línea, el Poder Ejecutivo está obligado a respetar el mandato constitucional que tienen cada uno de los organismos autónomos y entre ellos los que componen el Sistema de Justicia. Si bien, la crítica a las actuaciones del Ministerio Público o el Poder Judicial constituyen un derecho, este debe ejercerse dentro de los márgenes democráticos y de ninguna forma utilizando términos lesivos. Por tanto, recordamos a las autoridades del Gobierno nacional que tienen el deber de colaborar con dichas entidades durante las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público al presidente de la República y a su familia.
3. En línea con lo anterior, preocupan las recientes declaraciones del presidente Pedro Castillo, en las que señala una motivación política en torno a las investigaciones que el Ministerio Publico viene realizando a su persona, familia y entorno, y mucho más que tanto el mandatario como el presidente del Consejo de Ministros hayan convocado a la población a protestar en contra de otros organismos públicos. En ese contexto, es necesario recordar la importancia del respeto por las instituciones en el marco del principio constitucional de separación de poderes.
4. Conforme señala nuestra norma fundamental, corresponde al Ministerio Público investigar todo delito, debiendo toda ciudadana y todo ciudadano prestar su colaboración para tal fin. El Ministerio Público, por su parte, debe proseguir sus acciones cumpliendo con los principios de objetividad e independencia fiscal para velar por la correcta administración de justicia, con arreglo al ordenamiento jurídico.
5. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de cooperación exige evitar conductas obstruccionistas, desleales o egoístas por parte de los poderes políticos. En consecuencia, instamos a los poderes del Estado y a las instituciones constitucionales autónomas a contribuir, desde sus competencias, a la superación de la presente crisis política e institucional dado que las personas más afectadas del conflicto resultan ser directamente las ciudadanas y los ciudadanos más vulnerables del país.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo invoca a la búsqueda de una institucionalidad democrática sólida que respete la Constitución y las leyes, el control interinstitucional y por ende, el respeto mutuo en el cumplimiento de las funciones de cada institución, entidad o poder del Estado, como única forma de garantizar la gobernabilidad y democracia en el país. No podemos perder de vista la necesaria separación y respeto entre poderes del Estado e instituciones constitucionalmente autónomas, la primacía de las personas, el respeto de su dignidad y por ende del Estado constitucional de derecho.
