RCR,. 16 de Abril 2021 .- El constitucionalista Gustavo Gutiérrez señaló que la inhabilitación por 10 años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra es consecuencia de un proceso político y no puede ser apelada ante el Poder Judicial ni ante los tribunales internacionales. Precisó que el exmandatario incurrió en seis infracciones constitucionales al aprovecharse de su cargo para vacunarse a escondidas contra el covid-19.
“No hay mayores argumentos para rebatir la acusación constitucional. El abogado de Martín Vizcarra intenta judicializar el caso, pero no estamos ante un proceso judicial, sino ante un proceso de índole político, a través del cual se está escrutando el comportamiento ético de Vizcarra. De acuerdo al reglamento del Congreso sí se ha cumplido con el procedimiento que esto indica y que no es lo mismo que es un proceso judicial”, aclaró el jurista.
Aseveró que, si se aprueba la inhabilitación, Vizcarra está impedido de acceder a cualquier cargo público por 10 años ni podrá asumir el cargo de congresista. “Él no podría acceder al Parlamento y el jurado estaría obligado a no entregarle las credenciales de congresista. Es una decisión soberana del Parlamento que toma conforme al artículo 99 de la Constitución”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Es lamentable como actúan las personas. Lo mismo hicieron Alan García y Alejandro Toledo que trataron de judicializar los actos políticos como un mecanismo de defensa. Al final, Vizcarra termina haciendo lo mismo que los políticos a los que cuestionaba. El Poder Judicial no tiene competencia en estos temas de índole político y eso sería un exceso. Sobre el tema de la decisión del Parlamento, el Poder Judicial no tiene ninguna atribución. Y si el Poder Judicial no vota el amparo no puede acudir al Tribunal Constitucional”, explicó.
Indicó que el juicio político, conocido como “vacunagate”, es porque el expresidente utilizó su cargo para privilegiarse con una vacuna experimental, él y su familia. “Lo más grave es que no había ningún tipo de justificación para que su hermano y su esposa se vacunen. Lo que hace la representación nacional es evaluar si ese comportamiento guarda coherencia con la ética del gobernante y en este caso se entiende que no la hay”, apuntó.
“No puede ir a los tribunales supranacionales porque tiene que agotar la instancia interna. Es un juicio político y es una atribución propia de los parlamentos del mundo, como ha ocurrido en Paraguay con Fernando Lugo y en Ecuador con Abdalá Bucaram. En el caso de Bush se le enjuició por mentir en el caso de Mónica Lewinsky. Este caso no es por un delito, sino por haber mentido. Son actos políticos y por lo tanto hay una consecuencia de índole política”, explicó.
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