Jaime Távara a Alberto Joo, de Agro Rural: Si señalar que algo se está haciendo mal, es el delito por el que me acusa, lo volveré a cometer otra vez, y que envíe las cartas notariales que quiera

RCR, 12 de diciembre 2017.– La intención de la Secretaria Técnica Anticorrupción es evitar que se vuelvan a presentar los problemas observados desde marzo de este año, es decir, que los encargados de la reconstrucción no pierdan tiempo en demoras e improvisaciones, y que las obras que se ejecuten sean las que realmente requiere la población para solucionar los graves problemas que atraviesa la región, tanto en el área urbana como en las zonas rurales, sostuvo Jaime Távara, secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción del Gobierno regional de Piura.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), dijo que a la fecha, ya van contabilizados nueve meses perdidos, sin avances en las obras, y si en diciembre comenzaran las lluvias, la región estaría desamparada ante un desastre anunciado, con diques mal construidos y sin las obras de descolmatación del río Piura, concluidas.

Ante el inicio de la ejecución del Plan Integral de Rehabilitación y Reconstrucción de la región Piura, que se supone debería ser en enero del 2018, que cuenta con un presupuesto global de S/. 8,000 millones para desarrollarlo en cinco años, Távara propuso convocar a los técnicos del gobierno regional, municipalidades, universidades, etc., para establecer un orden de prioridad para los proyectos a ser ejecutados en el primer año.

“No se debe esperar lo que decida el Ministerio de Agricultura, pues ahora se ven los problemas que ello ha generado. Se hubieran ahorrado muchos recursos y ejecutado obras integrales en menor tiempo y con calidad”, acotó

NO SE RECTIFICA

Tras la carta notarial enviada por el director ejecutivo de Agro Rural, Alberto Joo Chang, en la que exige que en un plazo de 7 días se rectifique por las presuntas acusaciones por malos manejos en las obras de descolmatación del Río Piura, Távara sostuvo categóricamente que no se rectificará, y se reafirmó en que “las observaciones presentadas se basan en las supervisiones que se han realizado con la finalidad de, precisamente, evitar irregularidades”.

“No queremos enfrentarnos con las autoridades, sino simplemente cumplir nuestro trabajo y la obligación legal de efectuar el seguimiento en la ejecución de proyectos y obras, junto con diferentes instituciones técnicas como la Universidad de Piura, el Colegio de Ingenieros, la Universidad Nacional, y otras instituciones de la sociedad civil que levantaron su voz porque los trabajos de descolmatación del río Piura no estaban técnicamente bien hechos”, afirmó Távara.

En línea con la Contraloría, dijo, se advirtió sobre la forma cómo se contrató a las empresas que participan en la rehabilitación -a través del mecanismo de “por servicios” en lugar de “por obras”-, con lo que se eliminó la obligación de contratar supervisión externa, incrementándose el riesgo de trabajos mal ejecutados.

“Además, se han verificado otras irregularidades, por ejemplo, la falta de control con la maquinaria que ingresa y saca el material excedente del río, debido a algunos procedimientos indebidos y la informalidad en las fichas técnicas, lo que ha provocado que incluso se improvisen botaderos dentro del mismo lecho del río”, explicó.

INFORMALIDAD

Precisó que se había alertado sobre la improvisación observada en las fichas técnicas aprobadas por Agro Rural y los problemas que podían generar, lo que lamentablemente se ha confirmado. Uno de los casos sucedió esta semana en el caserío de Virú, distrito de Catacaos, donde la población se levantó y ordenó paralizar las maquinarias del consorcio que trabaja en el tramo 4 de las obras de descolmatación, indicando que por errores técnicos se estaban debilitando las defensas de la margen del río, y ello podría generar que ante una crecida se produzca nuevamente un desborde como a principios de año.

“Ante la cercanía del inicio de la época de lluvias, los habitantes sienten temor que vuelvan a repetirse los desastres por la incapacidad demostrada en las obras de rehabilitación”, opinó.

Finalmente, Távara sostuvo que ellos como oficina anticorrupción solamente reportan los casos, pero a quien tendría que responder es a la Contraloría, Poder Judicial, Fiscalía y otras entidades de confirmarse estas irregularidades. Exhortó al director ejecutivo, no gastar los recursos públicos con cartas notariales inocuas.