RCR, 17 de enero de 2026.- Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), lanzó una advertencia sobre el creciente poder de la minería ilegal y su capacidad de infiltración en la política nacional. De cara a los comicios de abril de 2026, el ejecutivo subrayó que el enorme músculo financiero de esta actividad ilícita pone en riesgo la estabilidad democrática del país.

De Vinatea contrastó cifras alarmantes: mientras que el proceso electoral peruano tiene un costo estimado de 1,500 millones de soles, la minería ilegal moviliza cerca de 10,000 millones de dólares anuales.

«Pensar que este gran poder económico no va a influir en las elecciones sería ingenuo», afirmó, instando a la ciudadanía a mantenerse alerta para evitar que estos capitales condicionen el futuro gobierno.

El representante del IIMP enfatizó la necesidad de contar con autoridades que defiendan la legalidad y garanticen un entorno seguro para la inversión formal, la cual es el motor de la generación de empleo e ingresos para el Estado.

En ese sentido, lamentó que la violencia asociada a la minería ilegal, con casos críticos como el de Pataz, esté deteriorando la imagen del Perú ante el mundo y frenando la llegada de nuevos capitales. «Necesitamos recuperar el Estado de derecho y la capacidad de hacer respetar la ley», puntualizó en declaraciones a RCR.

Respecto a las políticas de formalización, De Vinatea fue enfático al señalar que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) debe llegar a su fin para dar paso a la Ley MAPE. Si bien el Gobierno amplió la vigencia del registro por un año, el ejecutivo destacó como positivo que no se cediera a las presiones de extenderlo por dos años y que se implementaran medidas para su cierre definitivo.

Finalmente, saludó la decisión de no permitir el retorno de 50 mil operadores excluidos del padrón y exhortó a las autoridades a continuar con la depuración del registro. Para el gerente del IIMP, es vital cerrar cualquier posibilidad de nuevas inscripciones para evitar que el país se convierta en un sistema donde la informalidad dicte las reglas, permitiendo así que prevalezca un Estado democrático basado en la libertad y el cumplimiento de la norma.