RCR, 29 de abril de 2025.- Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, cuestionó el anuncio del ministro de Energía y Minas, de ampliar por seis meses el Registro Integral de Formalización Minera, pese a que origina el crecimiento de la minería ilegal e incontrolable para el Estado.
Por lo tanto, saludó la decisión del Tribunal Constitucional en evitar mantener un sistema que permita impunidad como el Reinfo. “Para el país no es un avance que el REINFO se prorrogue por un plazo adicional, porque sabemos todos los problemas que conlleva la existencia del registro. Creemos que esto debe ser corregido y enmendado porque a su vez se genera un crecimiento de la minería ilegal que se está convirtiendo inmanejable para el Estado y pone en riesgo su estabilidad”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el REINFO ha permitido el crecimiento desmesurado y desproporcionado de los precios de los metales, pero también el aumento de operaciones ilegales. En ese sentido, destacó que la resolución del Tribunal Constitucional ha dispuesto que el Estado se abstenga de aprobar cualquier marco jurídico que exonere la responsabilidad penal o civil o administrativa a los mineros informales en el proceso de formalización minera.
“A ninguna actividad en el Perú se le exonera antes de realizar la actividad de toda posibilidad de ser investigado por delitos. Pero, esta es una prerrogativa que solo la tiene la minería ilegal, y lo hemos dicho reiteradas veces como instituto, porque si uno ejerce la actividad del narcotráfico, tiene el riesgo de ir 20 u 30 años preso. Entonces, el Tribunal Constitucional lo ha analizado, y el Estado tiene la obligación de garantizar un medio ambiente equilibrado que posibilite el desarrollo de los seres humanos”, expresó.
Sostuvo que cualquier intento por ampliar el Reinfo más allá del plazo actual, que vence en junio, sería ilegal si no se modifica previamente la norma que lo regula. La única institución con facultades para hacerlo es el Congreso de la República, lo que traslada la responsabilidad política al Parlamento en un momento de alta presión social y ambiental.
“Si esto se diera en junio, como se ha adelantado, lamentablemente un decreto supremo no puede modificar una ley. Y no podría se prorrogar ni un día más el Reinfo en los términos que está redactado, por lo tanto, la única entidad que podría modificar el Reinfo extrayendo esta parte de la impunidad es el Congreso de la República”, anotó.
