Expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta Marino, manifestó también que la figura legal de la prisión preventiva debe ser manejada adecuadamente, con flexibilidad y de acuerdo al avance del proceso judicial y a las valoraciones que el juez tiene que hacer de éste.
RCR, 22 de abril 2019 .- La presencia de jueces y fiscales, o de sus representantes, en la Mesa de Diálogo de Chalhuahuacho (Apurímac) para lograr una pretendida “liberación” de los asesores legales Jorge y Frank Chávez Sotelo y de centenares de comuneros procesados por la justicia, es inaceptable porque quebraría el Estado de derecho y la independencia de los magistrados, advirtió el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta Marino.
”Ahora, han puesto como condición que vayan representantes del Poder Judicial y la Fiscalía. Eso no se puede aceptar. Porque una cosa es que vayan representantes institucionales, pero que no puedan hablar de procesos, ni de decisiones judiciales, porque se lesionaría la independencia de los jueces… Se quebraría el Estado de derecho si va un miembro del Poder Judicial, y después resulta que un juez avala el pedido de un fiscal para liberar a alguien del proceso”, subrayó.
Refirió que de aceptarse la imposición de los comuneros habría una justicia selectiva para el gusto de quien más presión ejerza.
“Si los comuneros no renuncian a estas exigencias, va a entrampar el proceso (de diálogo). Vamos a tener una ´toma de carreteras´ y, de repente, más violencia”, alertó.
En todo caso, dijo que lo único que el gobierno puede hacer, ante este pedido de las comunidades campesinas, es prometer exhortar al sistema de justicia para que aceleren los procesos y se defina cuanto antes la situación jurídica de los investigados. “Ellos no pueden prometer nada más”, sentenció Ibazeta.
En ese sentido, el jurista, advirtió del peligro de que con la reciente liberación del presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, haya quedado grabada la consigna “de que con un poquito de presión y unas interpretaciones forzadas” de las normas, los restantes comuneros procesados por la justicia “pueden lograr su libertad y generarse impunidad”.
“Luego de su libertad… ese dirigente emite unas declaraciones a los medios de comunicación donde él dice que el acuerdo que firmó con el primer ministro o el gobierno, fue ´producto de la presión que ejercieron sobre él´. Entonces, se liberó de todo y dejó el camino para que con una Mesa de Diálogo, que el gobierno acepta, empiecen a presionar al gobierno como si nada hubiese pasado, sabiendo que con esos actos de fuerza, si lograron la libertad de su máximo dirigente, podrían lograr la libertad e impunidad de todos los demás. Y eso es lo que está pasando”, puntualizó.
Tras indicar que las denominadas “Mesas de Diálogo”, muy de moda desde el 2005, siempre han sido “lugares de rendición incondicional de los gobiernos”, el exmagistrado cuestionó que “no se ha hecho nada para establecer alternativas de solución” a los conflictos sociales.
En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, Ibazeta manifestó también que la figura legal de la prisión preventiva debe ser manejada adecuadamente, con flexibilidad y de acuerdo al avance del proceso judicial y a las valoraciones que el juez tiene que hacer de éste.
“No podemos tener a gente presa con autoridades indolentes. Y allí, automáticamente, debería modificarse la detención preventiva por el arresto domiciliario u otra medida más flexible. Pero el juzgado no puede estar concediéndole al fiscal los plazos máximos, cuando estamos viendo que hay investigaciones que ya tienen tres o cuatro años, y no han avanzado absolutamente nada. Esa es la crítica. No es desaparecer la prisión preventiva”, aseveró.
En ese sentido, el jurista consideró evidente que la administración de Justicia se torna selectiva en ciertos casos, sobre todo “cuando no se forman equipos sólidos, con mucha tecnología, con profesionales altamente competentes en todas las áreas de investigación que puedan dar respuestas prontas, procesar la información que llega de manera muy rápida y sustentarla ante el juez”.
“No. Se demoran un mundo de tiempo. Y con la información, van a estar un mes para dar su análisis. Si citan a alguien, mientras llega la notificación, han pasado dos semanas. Es decir, no podemos tener una sistema lerdo y lento de procesamiento. Entonces, cuando un equipo investigador tiene estas falencias, va a demorarse. Y en estas demoras tiene que priorizar. Y esa priorización implica discriminación”, especificó.
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