RCR, 21de julio de 2025.- Miguel Ángel Ibarra, analista político, señaló que la minería ilegal no solo afecta el orden ambiental y tributario, sino que también ha pasado a ser una fuente clave de financiamiento político, desdibujando los límites entre legalidad e ilegalidad. Agregó que la formalización minera es crucial para el cuidado del medio ambiente, la identificación de zonas de explotación para la recaudación de impuestos y la prevención del lavado de dinero.
“El Ejecutivo ha intentado abordar el problema mediante la creación de una comisión especial para revisar los procesos de formalización de unas 40 a 50 empresas inscritas en el Reinfo. Sin embargo, hace falta una voluntad política real y la cercanía de las elecciones complican el panorama”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que uno de los mayores riesgos identificados es la relación directa entre la minería ilegal y el crimen organizado, ya que el oro ilegal ha reemplazado a la cocaína como fuente preferida de financiamiento para redes delictivas y narcotraficantes. Esto se debe a que la minería tiene menor penalización, mayor rentabilidad y escasa fiscalización.
“Las recientes marchas y protestas organizadas en regiones del sur hasta Lima habrían sido financiadas por quienes se benefician de este sistema informal, incluso muchos de los líderes detrás de estas movilizaciones ya proyectan candidaturas para los próximos comicios, buscando no solo poder político sino también blindaje legal. En paralelo, varios ministros y figuras del actual gobierno planean postular, lo que genera el riesgo de que se utilicen fondos ilegales para financiar campañas”, expresó.
Ibarra sostuvo que la debilidad de los partidos políticos y la falta de reformas estructurales en el sistema judicial y penitenciario han dejado al país vulnerable ante este tipo de amenazas. “Con más de 40 partidos registrados, el riesgo de que la democracia peruana se vea capturada por intereses ilegales es real, el país podría avanzar hacia un modelo en el que economías ilegales controlen el poder político”, enfatizó.
Manifestó que la reciente reforma bicameral en lugar de fortalecer el debate legislativo se ha creado un esquema favorable al control político sin contrapesos. Añadió que la falta de voluntad política y de calidad técnica en la representación parlamentaria agrava la situación, dado que muchos legisladores no cuentan con la formación ni la experiencia para cumplir un rol legislativo complejo.
“La falta de organicidad y representatividad ha generado también que muchos partidos se conviertan en vehículos de negocios. Se ofertan candidaturas, se venden curules y se negocian espacios en listas o alianzas, desvirtuando completamente la función pública. Además, al ser partidos sin bases reales, estas alianzas tienden a disolverse”, anotó.
Remarcó que la falta de organicidad y representatividad ha generado que muchos partidos se conviertan en vehículos de negocios, incluso se ofertan candidaturas, se venden curules y se negocian espacios en listas o alianzas, desvirtuando completamente la función pública.
