En Vivo

HERRERA DESCALZI: GOBIERNO ENFRENTA AL ESTADO CONTRA EL ESTADO, AL DAR A OEFA FUNCIONES EVALUADORAS DEL PROYECTO TÍA MARÍA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

Exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, saludó también la decisión gubernamental de reconducir el proceso de Reconstrucción, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, tomando como modelo la ejecución de los recientes Juegos Panamericanos 2019.   

RCR, 30 octubre.  El encargo gubernamental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para evaluar si las condiciones de viabilidad del proyecto minero Tía María (Arequipa) siguen vigentes, es un error, porque estaría enfrentando entre sí a dos entidades estatales (la OEFA con el Consejo de Minería), y restando credibilidad al Estado, advirtió el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

“La participación de la OEFA es verificar que en la ejecución misma del proyecto se están cumpliendo. (La OEFA) no debiera haber intervenido (en el Estudio de Impacto Ambiental). Me parece que es el Estado negando al Estado. Eso me parece un error”, subrayó.

Tras indicar que previamente al veredicto final del Consejo de Minería hubo el compromiso expreso de las partes en conflicto de respetar la decisión de esta entidad, expresó que ello no se está cumpliendo con la decisión de incluir a la OEFA en supuestas tareas de “evaluación” del fallo del Consejo de Minería.

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú manifestó igualmente que el proyecto Tía María cumpla escrupulosamente con los estándares ambientales establecidos no significa que sea aceptado por la población, en este caso de la del valle del río Tambo.

“Y si la población tiene un rechazo muy fuerte para el proyecto, entonces se estaría bajo eso que se denomina la ´licencia social´, y que no tiene una definición clara y establecida para saber cuándo existe o no dicha licencia”, detalló.

Análisis de la Empresa y Estado: los actores de la inversión

El exfuncionario refirió que la empresa es un actor económico cuya fortaleza es la conducción de un proyecto.

“La empresa qué se basa: colecta fondos de la sociedad. ¿Y cuál es la función de la empresa?  La función de la empresa es invertir ese dinero en un emprendimiento que, al final, le dé una tasa positiva que favorezca al ahorrista. Entonces, el punto fuerte de la empresa es cómo invierto y      tomo este recurso natural y lo convierto en un recurso importante”, apuntó.

De otro lado, dijo que el ente político es el Estado “que es el que tiene que entender a la sociedad y dar las condiciones” para el funcionamiento de la inversión.

“Además, es el socio que, sin invertir, está recibiendo el 50 por ciento que va a repartir. Entonces, el Estado es el que puede asignar los beneficios”, detalló.

No obstante, cuestionó que en el Perú el Estado da permanentemente la imagen de que recién está comenzando, con acciones como, por ejemplo, el cambio permanente de ministros.

En contrapartida, dijo que mientras las organizaciones que se oponen a los proyectos de inversión y mineros, crecen, están organizadas y se fortalecen, la empresa se ha visto forzada a ceder recursos a las comunidades para aplicar sus reclamos.

“Eso es algo que se necesita superarse…  Y creo que hoy día hay que reconocer, bajo alguna forma, la necesidad de la licencia social. El Estado tiene que esmerarse en estudiar qué cosa es lo que se está pasando, debería tener un mapa de las situaciones”, remarcó.

Papel del Estado en el conflicto de Tía María

El exfuncionario consideró que Estado “procedió bien” en el conflicto social por el proyecto minero Tía María, pero estaba en una encrucijada porque, ante el cumplimiento, por la empresa, de los requerimientos para la obtención de una licencia, tenía que otorgársela y no ser discrecional.

“La discrecionalidad conduce a la corrupción. Entonces, alguien cumple con todos sus requerimientos, y el funcionario dice: ´no te lo doy´, suena a que le está pidiendo algo más a cambio. Entonces, la no discrecionalidad es fundamental. Pero sabía que iba a tener el problema social”, argumentó.

En todo caso, sostuvo que al abordar el tema de la confianza se debe mirar al actor: la compañía  minera Southern Perú, en este caso.

“Y si usted examina los pergaminos y la historia de la Southern, no es buena. En la región, sus conflictos con la agricultura son antiguos, de la época que tenía la fundición y que los humos afectaban los cultivos de olivos y la población se quejaba, y el Estado no atendía el tema. Entonces, eso desemboca en que no hay credibilidad. No le creen… Y, simplemente, no quieren se haga (el proyecto). Y aquí lo que se percibe es una oposición muy clara”, puntualizó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Herrera saludó también la decisión  gubernamental de reconducir el proceso de Reconstrucción, bajo la modalidad de gobierno a gobierno, tomando como modelo la ejecución de los recientes Juegos Panamericanos 2019.

“Mucho del éxito de los Juegos Panamericanos es porque no se ha hecho bajo las leyes peruanas. Es porque se han quitado las trabas que tiene actualmente la legislación peruana. Se ha hecho bajo otro concepto. Entonces, las mismas empresas peruanas, los mismos trabajadores peruanos, los mismos ingenieros peruanos que actúan bajo otro régimen. Entonces, muchas de las trabas que tiene el proceso de reconstrucción está en la legislación que hay alrededor de ésto“, anotó.

En ese contexto, señaló que tiene que desarrollarse un nuevo enfoque sobre el significado e importancia de la ingeniería nacional y la oportunidad que se le tiene que dar, en el país, a los integrantes de este importante gremio profesional.

Hay una “grave distorsión” en el sector y el mercado eléctrico

De otro lado, el extitular de la cartera de Energía y Minas denunció la “grave distorsión” existente en el sector y el mercado eléctrico, provocando que hoy día la energía para los grandes consumidores se venda al nivel o por debajo del costo de producción.

Refirió que hay reglas impuestas en el mercado eléctrico, que se remontan al año 2002. Explicó que un tema esencial en el modelo marginalista es que las empresas que primero despachan son las primeras en producir, y en un estricto orden económico, en el que las compañías señalaban cuál era su costo variable de producción y esos eran los costos auditados.

Agregó que en el año 2002 se separaron las cosas y se dijo que todas tenían que ir con costos auditados, excepto las compañías generadoras que produjesen con gas a las que, por distintas razones, se permitió costos declarados, poniéndoles el tope de que no podrían declarar más allá de lo que decían los costos de sus contratos.

“El sistema tenía más o menos un equilibrio entre oferta y demanda. Y es necesario tener un 20 por ciento de cobertura sobre la máxima demanda. Pero hoy tenemos como un cien por ciento. Y eso hace que muchas de las empresas que están en condiciones de producir eficientemente, no tengan esa oportunidad”, concluyó.

Ver vídeo