RCR, 07 de Mayo 2023 .- El médico especialista en políticas públicas, Herbert Cuba, señaló que hubo una demora en la Fiscalía de la Nación tras la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por ser autores del delito de contra la administración pública en la modalidad de concusión. Agregó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deja la falsa impresión de que el gobierno peruano promueve la exclusión social, discriminacion y racismo.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Herberth Cuba, manifestó que hubo una demora en la Fiscalía de la Nación tras la aprobación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al declarar procedente la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Este proceso ha tardado demasiado porque cuando se dio la vacancia del expresidente Vizcarra se hizo una comisión investigadora en el Congreso para emitir un informe que tenía dos componentes, un componente político que dio su suspensión por 10 años para ejercer cargos públicos y a la exministra Pilar Mazzetti por 8 años, esto tenía otra contraparte que era la parte penal que debía estar a cargo del informe realizado por la Fiscalía de la Nación”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que incluso el expresidente Martín Vizcarra intentó que el proceso judicial no siga su trámite, sin embargo, ante la medida tomada del Congreso de la República quedará en manos del Poder Judicial quien lo juzgará y sancionará.

INFORME DE LA CIDH

Por otro lado, indicó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deja la falsa impresión de que el gobierno promueve la exclusión social, discriminacion y racismo, además de existir una falencia constitucional por parte del ordenamiento jurídico.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un diagnóstico de la realidad nacional del país, pero han manifestado que somos una economía extractivista, que existe una falencia constitucional porque nuestro ordenamiento jurídico no reconoce a las poblaciones nativas y que existe una exclusión de esas poblaciones del país por parte de la Constitución, incluso, señalaron que los cuatro puntos que reclamaban durante las protestas eran atendibles,por lo tanto, el Estado que se ha presentado como opresor ha hecho un uso indiscriminado de la fuerza”, subrayó.

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