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HAY UNA LUCHA POR EL PODER ENTRE DOS PARTES QUE USAN MECANISMOS JURISDICCIONALES Y ESTABLECEN DIFERENCIAS EN IMPUTACIONES POLÍTICAS

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Constitucionalista, Angel Delgado Silva, cuestionó el fenómeno de la politización de la justicia y de judicialización de la política, que -dijo- es alterar completamente los órdenes de vida, y tiene el propósito de marcar una determinada correlación de fuerzas en la que se hace creer falsamente que hay “un lado bueno y un lado perverso”. 

RCR, 3 de septiembre.  El país se encuentra en lucha por el poder entre dos partes que usan instrumentos poco lícitos y mecanismos jurisdiccionales, estableciendo las diferencias en base a imputaciones políticas, afirmó el constitucionalista, Angel Delgado Silva.

“(Para esto) se utilizan elementos propios de los procesos penales no para buscar la verdad, en términos jurídicos, sino para desprestigiar y alterar la correlación de fuerzas en el Ministerio Público. Pareciera ser que quienes están detrás del fiscal (Pablo) Sánchez, los medios de expresión y las ONGs, quienes han tenido un dominio del Ministerio Público, quisieran tenerlo por más tiempo”, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que la opinión pública “no puede caer en el cuento” del relato de un sector de la prensa y de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), vinculadas a ciertos intereses económicos y políticos así como a expresidente como Ollanta Humala y Alejandro Toledo, sobre el descubrimiento de una red delictiva, “cuando lo que están haciendo, aunque sea en base a hechos ciertos, es comprometer a todo el mundo”.

Incluso, adujo que en lo que se refiere a las denuncias presentadas contra el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “no hay ninguna imputación clara del delito que él habría cometido”.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Delgado cuestionó el fenómeno de la politización de la justicia y de judicialización de la política, que -dijo- es alterar completamente los órdenes de vida, y tiene el propósito de marcar una determinada correlación de fuerzas en la que se hace creer falsamente que hay “un lado bueno y un lado perverso”.

“Lo que se está haciendo es que, en base a hechos y corrupciones ciertas y reales, se quiere comprometer a todo el mundo, cuando lo propio del derecho penal es distinguir e individualizar las responsabilidades y no meter a todo a todo el mundo en el mismo paquete”, anotó.